Lima. El ex mandatario peruano Pedro Castillo (2021-2022) denunció el miércoles, en una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas António Guterres, que es víctima de una “violación sistemática” a sus derechos humanos durante su prisión preventiva.
“Denuncio la violación sistemática de mis derechos humanos en Perú, incluyendo mi detención arbitraria e ilegal destitución como presidente (…) También se me ha tapado con toldos toda posibilidad de recibir la luz solar (…) se me castiga cortándome la visita por meros saludos que aparecen en mi nombre en redes sociales que yo no manejo, así como otros métodos penitenciarios que lindan con la tortura y que son violatorias de las denominadas Reglas Nelson Mandela”, explicó Castillo en la carta que fue difundida en su cuenta de la red social X.
Afirmó que luego de que los “jueces alineados con el nuevo Gobierno” le “impusieron prisión preventiva”, ha sido “traído a una prisión en la cual se me ha mantenido bajo incomunicación telefónica con mis más cercanos familiares, tales como mi esposa e hijos, quienes han tenido que refugiarse” en México ante “la persecución feroz por parte de la polícia y fiscalía”.
Asimismo, el ex presidente le pidió a Guterres que la Mesa Directiva del Consejo de Derechos Humanos y los estados partes soliciten información a la oficina del Alto Comisionado luego de que, desde el 6 de marzo del 2023, presentó una petición respecto a la detención arbitraria y luego de casi 10 meses, no ha obtenido “ninguna respuesta”.
Castillo se encuentra encarcelado preventivamente en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate Vitarte, mientras se le investiga por el presunto delito de rebelión y por ser presunto miembro de una mafia.
El martes, el Poder Judicial de Perú rechazó el recurso de apelación de Castillo para que se revise el mandato de prisión preventiva que viene cumpliendo en la investigación que se le sigue por ser presunto miembro de una mafia dedicada a diversos actos de corrupción cuando ejercía la presidencia.
“Golpe de Estado”
En otras partes de la carta, el mandatario recordó momentos antes de su arresto y dijo que un antecedente “inmediato al golpe de Estado” fue su participación como candidato “atípico” durante las elecciones de 2021.
Remarcó que no pertenecía a la clase política del momento y su origen provenía de los “sectores marginalizados históricamente en el Perú”.
“Fui percibido como el candidato de los invisibles de nuestra sociedad y por ello nuestro triunfo electoral nunca fue aceptado por los sectores oligárquicos”, agregó.
Consideró que desde el primer día de su gestión fue “sometido” a un “ataque demoledor y sistemático desde el Congreso y las grandes empresas informativas (…) cual si fuera un intruso que nunca debió incursionar en una parcela reservada solo para unos pocos notables”.
El ex mandatario señaló a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de actuar como una “furibunda opositora política antes que como defensora de la legalidad”, “convirtiendo al Ministerio Público en una fábrica de carpetas fiscales contra Pedro Castillo”.
Aseguró que el “Congreso rompió con el equilibrio de poderes” mediante la Ley 31.355 que le “suprimió al Ejecutivo la facultad para plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales”.
Dijo que el 7 de diciembre del 2022, al verse “acorralado por las fuerzas golpistas en el parlamento y al notar movimientos extraños en las tropas militares y contingentes policiales”, decidió, en base al “clamor popular”, hacer un “anuncio simbólico” de “cierre temporal del Congreso”, la convocatoria de elecciones parlamentarias y un “gobierno de excepción con la reorganización del sistema de justicia”.
“Ese mensaje quedó a nivel de un acto político declamativo y no constituye un acto de Gobierno formal”, agregó. Sin embargo, dijo que fue usado como “pretexto” para su arresto.
El ex presidente fue destituido en diciembre de 2022 por el parlamento, luego de intentar cerrar el Congreso legislativo y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional a través del establecimiento de un “gobierno de excepción”. Este hecho fue interpretado por el parlamento como un intento de golpe de Estado.
