Santiago. La trama de corrupción destapada en Chile en noviembre de 2023, cuando en un audio el penalista Luis Hermosilla Osorio (68), ahora en prisión preventiva, exigía a un cliente fondos para sobornar a funcionarios públicos para resolver líos judiciales y administrativos, creció en estupefacción al evidenciarse que la podredumbre también afecta al Ministerio Público.
Esta vez quedó al descubierto que en 2015 y años sucesivos, en connivencia con Hermosilla, el entonces fiscal Manuel Guerra, persecutor en causas de financiamiento ilegal de la política conocidas como casos Penta y SQM, que incluían delitos tributarios, tráfico de influencias y cohecho; se confabuló para no formular cargos penados con prisión efectiva y ofreció “salidas alternativas” que incluyeron multas y “clases de ética”.
Mientras supuestamente indagaba esos casos, le pedía a Hermosilla que lo contratara, cosa que sucedió en 2021.
En el centro del escándalo se sucede una y otra vez el nombre de Andrés Chadwick Piñera, un prominente dirigente derechista, primo y ministro del Interior en las dos presidencias del finado Sebastián Piñera; figurando como activo partícipe del tráfico de influencias y maquinaciones.
Hermosilla y Chadwick son amigos de toda la vida, compartieron oficina, fue su asesor durante el segundo gobierno de Piñera y en 2019 lo defendió infructuosamente de una acusación constitucional que lo inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos, en el marco de la represión del estallido social.
Los mensajes entre Guerra y Hermosilla se sucedieron entre 2016 y 2023 y dan cuenta de cómo se coordinaron con Chadwick para evitar juicios en los casos de platas turbias a políticos, así como de una multiplicidad de conflictos de interés.
La revelación hizo que abogados que litigaron infructuosamente entonces, anunciaran que se querellarán contra Guerra y Hermosilla por delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa, y que analizan incluir a Chadwick en la acusación.
“Son muchas aristas e iremos ampliando en cada una de ellas”, dijo María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuando los casos.
Cuando en noviembre de 2023 la policía registró la oficina de Hermosilla y decomisó su celular, encontró en éste un millón de textos por WhatsApp que conforme salen a la luz, van dejando atónito al país y sonrojando a la oposición derechista, cuando restan tres semanas para los comicios municipales.
Si en marzo los tentáculos de Hermosilla habían hecho caer al mandamás de la Policía de Investigaciones, que le pasaba información reservada; y si hace un mes se destapó que tenía en su nómina a una jueza de la Corte Suprema que intervenía en las causas en que litigaba; ahora las cosas empeoran para la institucionalidad.
“Estamos frente al caso de corrupción más grande de la historia reciente del país, porque no solo involucra dinero, sino que involucra a distintos poderes del Estado en una red de relaciones que eventualmente se formaron para corromper los propósitos de dichas instituciones y para intervenir en causas de delitos de corrupción”, resumió la ministra Secretaria General de Gobierno (portavoz), Camila Vallejo.
Efectivamente, lo que se ha revelado torció para mal la verdad de graves hechos y con ello el destino de quienes se vieron perjudicados por aquellos.
