Ciudad de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), perpetrada en 1999 por un grupo paramilitar en Sabanilla, Chiapas. Este tribunal determinó que el caso sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado, que se intensificó a partir de 1994, con el alzamiento del EZLN.
En ese marco, “tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Plan Campaña Chiapas de 1994”, que operaban “con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, con el objetivo de neutralizar fuerzas u organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN”.
González Méndez, indígena maya ch’ol, también era simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue visto por última vez cerca de una zona donde actuaba el grupo paramilitar “Paz y Justicia”, y hay señalamientos que indican que la última persona con la que tuvo contacto tenía vínculos con dicha agrupación.
En la notificación de la sentencia, que se realizó hoy en audiencia pública virtual, la Corte, además, aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, referido a la falta de una investigación adecuada de los hechos y a la afectación a la integridad personal de los familiares de González Méndez.
El Tribunal estableció que las autoridades internas no han cumplido sus obligaciones de investigar de manera diligente y en un plazo razonable los hechos ocurridos, ni han llevado a cabo una búsqueda adecuada del paradero de Antonio González Méndez.
También concluyó que lo ocurrido produjo angustias y sufrimientos a los familiares de la víctima, entre quienes se encontraban tres niñas y un niño, todo lo cual conllevó una afectación a su integridad psíquica y moral, así como a sus proyectos de vida.
Por todo lo anterior, la Corte ordenó al Estado distintas medidas de reparación como continuar las investigaciones en curso sobre la desaparición forzada, así como las acciones de búsqueda de González Méndez.
Igualmente, deberá implementar un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición forzada de personas dirigido a agentes del estado de Chiapas, y crear, en caso de no haberlo hecho todavía, un registro único y actualizado de personas desaparecidas, que permita identificar casos de desapariciones forzadas.
