Santiago. La intención del gobierno chileno de comprar la que fuera la residencia particular del ex presidente (1970-73) Salvador Allende Gossens, para hacer de ella un museo y así preservar la memoria histórica del fallecido mandatario, se convirtió en un fiasco de proporciones al punto que la operación debió ser cancelada a poco de anunciada.
La adquisición falló cuando la oposición detectó, y denunció a la Contraloría General de la República, que entre los propietarios de la vivienda se cuentan la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la senadora Isabel Allende Bussi, nieta e hija, respectivamente, del malogrado gobernante.
Un artículo de la Constitución señala que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”, un impedimento categórico en el cual no reparó el ministerio de Bienes Nacionales al anunciar la intención el último día del año pasado.
Otro artículo constitucional señala que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”, lo cual afecta a la parlamentaria.
“Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, comunicó el ministerio de Bienes Nacionales.
El 31 de diciembre se anunció que el fisco desembolsaría el equivalente a unos 933 mil dólares por esa propiedad y también un millón 300 mil dólares por otras dos que pertenecieron al expresidente Patricio Aylwin (1990-1994).
El chasco ocurrió justo cuando el presidente Gabriel Boric, en compañía de la ministra Fernández y del alto mando militar, realizaban un histórico viaje hasta el Polo Sur en el continente Antártico, lugar desde el cual debió referirse al tema, restando cierto brillo a la travesía que lo convirtió en el tercer mandatario a nivel global y el único latinoamericano en llegar hasta el punto más austral del planeta.
“Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado. Eso jamás lo permitiría y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende.
Cuestionamientos de ese tipo escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio y acá las instituciones están funcionando porque producto de lo verificado, se ha decidido detenerlo hasta que sea solucionado; y si no se soluciona, por supuesto que no se hará (la adquisición)”, declaró.
