Ciudad de México. Al cumplirse hoy seis años de la entrada en vigor de la Ley general en materia de desaparición, organizaciones y colectivos integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México aseveraron que se encuentran “en un momento crítico”, ya que -consideraron- “el gobierno federal está desmantelando las estructuras que creamos para enfrentar esta crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país”.
Expusieron como ejemplo lo que sucede con el censo de personas desaparecidas, con la que el gobierno federal reconoce a poco más de 92 mil personas en esta condición, de 112 mil de las que se tenía registro en agosto pasado. Manifestaron que dicha basa de datos es “carente de transparencia, metodología, y consulta con las familias y la sociedad”.
Además, “es un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales”, señalaron.
En un pronunciamiento, expusieron que “la opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación”.
Por otra parte, indicaron que la “significativa reducción de personal” en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, “sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro”.
Igualmente, señalaron que la “escasa disposición política para entablar diálogo y consulta” con las familias de personas desaparecidas, evidencia “un menosprecio hacia ellas, contraviniendo el principio fundamental de la Ley General que enfatiza ‘¡Sin las familias, no!”
Las organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas recordaron que la promulgación de dicha legislación “no fue un acto espontáneo ni una iniciativa proactiva del gobierno mexicano. Al contrario, surgió como resultado de una presión social intensa y las propuestas concretas generadas por la acción política organizada”, muchas de ellas articuladas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“Esta ley es una respuesta directa a la inacción de las autoridades en la búsqueda y esclarecimiento de los casos de nuestros seres queridos”, enfatizaron.
Exigieron que los gobiernos federal y locales reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General; que “frenen el desmantelamiento” de las instituciones creadas para tal fin; que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que se vive en el país, y que entablen un diálogo que reconozca su conocimiento y aporte histórico a la construcción de una política pública integral para revertir las desapariciones .
Demandaron también que el Estado mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que juntos podamos trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones.
Además, solicitaron la transparencia en los perfiles de los nuevos nombramientos en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la justificación de los despidos, para brindar tranquilidad y certidumbre a las familias afectadas por este proceso.
