Quito. Hace un año, el asalto a un canal de televisión provocó que Daniel Noboa decretara el llamado “Conflicto armado interno”, un mecanismo cuestionado por organizaciones de derechos humanos y que en la práctica no alcanzó su objetivos: no se desarticularon las 22 bandas delictivas, los puertos siguen siendo la principal salida de cocaína a EE.UU. y Europa y la violencia criminal ubica a este país, por segundo año consecutivo, como el más violento de América Latina con 6.900 homicidios intencionales, una tasa de 38,4% por cada 100.000 habitantes.
Durante el 2024, además se decretaron siete estados de excepción en zonas de alta violencia, pero ni con ello se redujeron notablemente los asesinatos. Y con la presencia de militares en las calles, con “plenos poderes”, el año pasado se registraro, 15 ejecuciones extrajudiciales y más de 80 casos de tortura, según el reporte de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Incluso, según Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch (HRW), aumentaron los secuestros y las extorsiones, además de asesinatos a jueces y fiscales. Por ejemplo, algunos de ellos investigaban a la familia del capo de la banda de los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fugado en diciembre de 2023 y que hasta ahora no ha sido recapturado.
En cambio, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) señaló que, en 2024, trece jóvenes desaparecieron tras ser detenidos en operativos militares. Sin embargo, cuatro de ellos (los niños de Las Malvinas) fueron localizados sin vida. A lo cual se suman otras investigaciones que coinciden en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados en patrullajes, en los cuales se detuvo a centenas de jóvenes, sobre todo de zonas marginales y empobrecidas, sin fórmula de juicio o sin pruebas del cometimiento de algún delito.
Sin embargo de los fundamentos con los que Noboa aplicó la medida extraordinaria, la Corte Constitucional revisó la causal de la declaratoria del conflicto armado interno, al menos en tres ocasiones, y siempre la cuestionó. El 21 de marzo pasado, observó que presidente ecuatoriano no justificó las causales para declarar este conflicto. El 9 de mayo, recalcó que no hubo información suficiente para justificar la existencia de uno o más conflictos. “Al no presentarse una justificación que acredite la concurrencia de los dos elementos necesarios para la configuración de esta causal, esta Corte determina que no se ha cumplido con el requisito”, concluyó el organismo.
El Caso Malvinas
Y como colofón, lo que ya habían advertido algunos expertos, en las redadas a los militares se les iba la mano, porque el propio presidente Noboa, el 15 de abril pasado, les garantizó que si le procesaban por combatir al crimen, recibirían el perdón de su parte.
El 8 de diciembre ocurrió el hecho más dramático y doloroso: Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) habían salido a jugar un partido de fútbol, el domingo 8 de diciembre de 2024, en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Un grupo de 16 militares los detuvo y fueron llevados a 16 kilómetros, en las afueras de la ciudad. Ahí los torturaron, asesinaron e incineraron. Sus cadáveres fueron hallados el 24 de diciembre y, siete días después, la Fiscalía confirmó sus identidades y acusó a los uniformados de desaparición forzada.
