Ciudad de México. El inmueble donde se encontraba la Subprocuraduría de Derechos Humanos, ubicado en la calle López número 12, en el Centro Histórico, fue destinado a la Fiscalía General de la República (FGR), para que sea utilizado exclusivamente como oficinas administrativas.
El presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), Víctor Julián Martínez Bolaños, publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que precisó que se trata del edificio con Registro Federal Inmobiliario 9-17637-3, y con una superficie de mil 625 metros cuadrados.
“El destino únicamente confiere a la Fiscalía General de la República, el derecho de aprovechar el inmueble destinado para el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga derecho real alguno sobre él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Bienes Nacionales”, señala el documento.
En el acuerdo del 27 de septiembre, que entrará en vigor este miércoles, se indica que la FGR deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, “y demás servicios inherentes que, en su caso, se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble”.
En el edificio operaba entonces la Policía Judicial Federal (actualmente Agencia de Investigación Criminal).
En el DOF, el Indaabin menciona que el 3 de octubre de 2023, la dirección de Autorizaciones e Inspecciones de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que el inmueble “…no está considerado monumento histórico, no es colindante con alguno de éstos”.
Sin embargo, se localiza dentro del perímetro “B” de la Zona de Monumentos Históricos, denominada “Centro Histórico de la Ciudad de México”, por lo que cualquier obra que se realice en el inmueble de referencia deberá contar con la autorización previa del INAH.
Asimismo advierte que si la FGR diera al inmueble federal un uso distinto al establecido por el presente, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo dejare de utilizar o necesitar, “se retirará de su servicio” para ser administrado directamente por el Indaabin.
