La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió de nueva cuenta la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ya que aseguró que “lejos de implicar una militarización o una vulneración constante de los derechos humanos, responde a un esfuerzo por enfrentar los retos de seguridad del país mediante un modelo de cooperación institucional”.
En un informe en la materia, afirmó que “el manejo arbitrario de la idea de ‘militarización está descontextualizado de la realidad nacional y constituye una crítica sin fundamento” a la política integral de seguridad pública y pacificación del país”, puesta en marcha desde hace seis años.
Por el contrario, sostuvo que con base en su análisis, “es evidente que la estrategia ha sido una ruptura con la manera como se condujo la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, que sólo expuso a la población a excesos y a las propias Fuerzas Armadas a verse involucradas en eventos desafortunados”.
La estrategia actual, destacó, “ha demostrado, en todo caso, resultados positivos en la contención e incluso la reducción de fenómenos que previamente estaban desborrados y fuera de control”. Citó como ejemplos los delitos del fuero federal, el robo de hidrocarburos, los homicidios dolosos, las carpetas de feminicidios y de secuestros, así como el robo en general en sus diversas modalidades.
De igual manera, en el informe publicado hoy, resaltó que ha registrado una baja notable en el número de quejas interpuestas ante este organismo que preside Rosario Piedra Ibarra en contra de las Fuerzas Armadas, en relación con las administraciones pasadas.
Detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que históricamente, en las administraciones revisadas, ha presentado mayor número de quejas con 7 mil 808 en el periodo del primero de noviembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012; mientras que en la actual se registraron 2 mil 184, lo que representa una reducción estimada del 72 por ciento.
En cuanto a la Secretaría de Marina, indicó que tiene el menor índice de quejas relacionadas con su participación en tareas de seguridad. Su pico más alto fue en el periodo del primero de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, con mil 808 quejas, que, en comparación con la actual administración federal, representa una disminución aproximada del 58 por ciento.
La CNDH señaló que hay “una marcada disminución de las conductas que atentan contra los derechos inderogables de las personas, como la vida, la integridad personal, la dignidad y la libertad, que corresponden a violaciones graves de derechos humanos”.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018, los hechos violatorios más destacados fueron las detenciones arbitrarias, la tortura, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin embargo, en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de julio de 2024, se destacan casos como el incumplimiento de principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; la falta de cumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias; y la prestación indebida del servicio público.
