Ciudad de México. Luego de permanecer en protesta desde mayo del año pasado en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde instaló un campamento, la abogada y activista oaxaqueña Liliana Altamirano fue desalojada la noche del martes por un grupo de casi 70 personas.
Relató ayer que se encontraba afuera del recinto desde mayo del año pasado, después de verse forzada a huir de Oaxaca, cuando comenzó a recibir amenazas por denunciar de corrupción a dos funcionarios estatales “protegidos por Salomón Jara”, gobernador de la entidad.
“Me querían desaparecer”, contó en medio de lágrimas al recordar el desalojo, del que resultó con lesiones que la obligaron a utilizar un collarín.
Acompañada de Aracely Cruz, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Liliana relató que el martes, “ya cansada, y en un acto de desesperación porque está por dictar sentencia el juez de distrito, me colé a la puerta 8, no me colé cual ladrona, sino que un derecho me asiste”.
Después de “pedir a gritos la intervención de las autoridades federales” para que conozcan su caso, relató que la noche del martes, un grupo de personas, la mayoría con el rostro cubierto, se llevó las pancartas y sus pertenencias, le arrebataron y tiraron su teléfono móvil después de borrar los videos de la agresión y ella fue empujada para dejar el sitio.
“Eran como 70 que no se identificaron. Me tomaron y me llevaron a rastras, mis cosas y la casa de campaña la agarraron con fuerza. Llevaban palos. Ya estando afuera del enrejado vi una patrulla encendida”. Aunque intuyó que buscaban llevarla detenida, atribuyó que la dejaron ir porque en ese momento pasó un taxi en el que el conductor constató los hechos. “Yo digo que ese taxi era mi abuelita, porque eso hizo que no me llevaran. Soltaron mi celular y tiraron las cosas”.
Explicó que era gerente de una sucursal del Monte de Piedad, una instancia estatal oaxaqueña, cuando detectó casos de corrupción por parte del director de la institución, Omar “N”. Fue el momento en que “comenzó el infierno”, con intimidación y hostigamiento, así como amenazas, de las que también acusa a Juan Manuel “N”, otro funcionario del estado, caso que ya fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También, refirió que cuenta con dos amparos judiciales para garantizar su derecho de manifestación, luego de instalar un campamento en mayo de 2024 junto a Palacio Nacional, y que no sea intimidada por ello.
Sobre los funcionarios a los que acusa de corrupción, reiteró que “Salomón Jara Cruz los protege porque es su familiar el funcionario que denuncio. Tal parece que denunciar a un funcionario que es del mismo sistema, te pone en peligro de la vida. Soy abogada, mi bandera siempre ha sido la justicia y la verdad, he ido sola en la lucha porque no he querido que grupos me apoyen, luego se dice que soy adversaria… yo no soy adversaria, tengo las pruebas”.
