La eliminación del delito de aborto en los códigos penales federal y de los estados es una medida pendiente en el país para garantizar los derechos de las mujeres sobre un asunto que corresponde exclusivamente al ámbito de la salud, afirmaron las organizaciones civiles promotoras de los derechos sexuales y reproductivos Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e IPAS México.
Resaltaron que desde septiembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso que derogue los artículos que criminalizan el aborto autoprocurado o consentido. En su sentencia, los ministros de la primera sala consideraron que con la penalización de la interrupción del embarazo los ordenamientos vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva
.
Es hasta ahora que se presentó una iniciativa de reforma en el Congreso de la Ciudad de México para cumplir con esa determinación del máximo tribunal del país, señaló Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de IPAS Latinoamérica y el Caribe.
El proyecto presentado por las legisladoras de las diferentes fracciones parlamentarias, con excepción de las del PAN, plantea la derogación de los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal. Elimina la definición de aborto y tiempo gestacional, las sanciones para quienes abortan y para quienes lo practican.
Es un primer paso para terminar con las violaciones de derechos que mantienen a decenas de mujeres en las cárceles del país.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta agosto de 2024 se iniciaron 527 carpetas de investigación por el delito de aborto, de las cuales 114 se localizaron en la Ciudad de México e involucran a mujeres y personas que las hayan ayudado.
Aidé García, directora de CDD, destacó que desde 2007, cuando el aborto se despenalizó en la capital del país –se permite hasta las 12 semanas de gestación–, ha quedado claro que eran mentira los argumentos de los grupos conservadores respecto a que habría un incremento en la cantidad de mujeres que quisieran ejercer su derecho.
No ha sido así y menos en las más jóvenes. En cambio, se ha garantizado la atención médica segura para quienes lo requieran. Además, en los últimos años, el procedimiento ya no requiere de intervenciones en los hospitales porque se hace con medicamentos, lo que ha disminuido los costos para las instituciones.
Advirtió que cualquier planteamiento sobre la promoción y defensa de derechos y libertades de la población femenina es rechazado por los grupos conservadores. Por eso, insistió, el tema se debe mantener bajo una perspectiva de salud, como pasa con cualquier otra condición que requiere ser atendida por personal médico en clínicas y hospitales.
La iniciativa de reforma al Código Penal de la capital del país, cuyo dictamen está en preparación en el Congreso local, sentará un precedente para las entidades de la República, las 14 donde sus constituciones han despenalizado la interrupción del embarazo y las restantes donde se mantiene la prohibición de esta práctica, salvo cuando las mujeres son víctimas de violación.
