Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (JUFED), reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) pone en vulnerabilidad jurídica a los ciudadanos al no cumplir con las suspensiones otorgadas por jueces federales relacionadas con el proceso electoral extraordinario 2025 para diversos cargos.
Asimismo, hizo un llamado a la presidenta Guadalupe Taddei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional. “Subrayamos que nuestra preocupación ha sido, y seguirá siendo, proteger a la ciudadanía. Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho”.
Pero no solo eso, la JUFED respondió a las recientes declaraciones de Guadalupe Taddei, quien calificó de “perversa” su observación sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la enmienda judicial.
“La Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad, y respeto a los derechos fundamentales. Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura “perversa”, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”.
Recordó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia. Más aún, apuntó la JUFED, la Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia.
Agregó que como titulares de órganos de control constitucional su obligación no solo es resolver los conflictos legales que se nos presentan, sino también prevenir las consecuencias negativas que puedan derivarse de la falta de observancia de nuestras resoluciones.
“Calificar como “perversa” esta postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Reiteramos que nuestra única finalidad es asegurar que las instituciones del Estado, incluyendo al INE, actúen con pleno apego a los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen nuestra democracia”.
