El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, obtuvo una suspensión provisional contra la resolución de un juez federal que le negó el cambio de medida cautelar para seguir su juicio en libertad por el caso Odebrecht.
No obstante, Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mexico, especificó que la medida cautelares para el efecto de que su libertad quede a disposición de este órgano jurisdiccional y a disposición del juez del proceso para su continuación, hasta que se notifique la resolución de la suspensión definitiva, por ello el ex funcionario continuará preso en el Reclusorio Norte.
La impartidora de justicia fijó la audiencia incidental para el 30 de enero donde determinará si le otorga la suspensión definitiva.
El ex funcionario inicio el juicio de amparo el pasado 3 de enero ante el juzgado primero de distrito de amparo donde reclamó la resolución del 15 de diciembre de 2023, cuando se celebró la audiencia donde solicitó el cambio de la prisión preventiva justificada que se le impuso por segunda ocasión en noviembre de 2021.
El pasado 15 de diciembre, el juez José Rivas González rechazó los argumentos de los abogados de Lozoya para cambiarle la medida de prisión preventiva. En esa ocasión, el juez consideró que Lozoya hizo valer su derecho a la defensa y por lo tanto no ha transcurrido el plazo de dos años sin que su proceso penal se desahogue, por lo que desechó el planteamiento.
En dicha, el fiscal Manuel Granados afirmó que Lozoya ha tratado siempre de evadir la justicia, dilatar el proceso y evadir su responsabilidad, por lo que reiteró la posición de la Fiscalía General de la República en cuanto a que el ex funcionario no debe gozar de libertad condicional.
La defensa de Emilio Lozoya busca el cambio de medida cautelar para su representado se le permita recuperar las condiciones que tenía en octubre de 2021, cuando enfrentaba sus procesos en libertad. En aquel entonces tenía como medidas cautelares el uso de brazalete electrónico, le prohibieron abandonar el territorio nacional y acudía a firmar de manera periódica a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
