Ciudad de México. Un juez federal le concedió una suspensión provisional al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, contra la negativa de que se declare la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputaron por Agronitrogenados.
El ex funcionario promovió el nuevo juicio de amparo pidió la medida cautelar, luego de que en marzo pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación ordenó la reapertura de dicho asunto.
Con el fallo, Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal suspendió temporalmente la reapertura del caso y agendó la audiencia incidental para el 11 de abril, donde resolverá si suspende o no por tiempo indefinido el proceso.
El ex funcionario, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, al haber recibido en 2013 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la empresa productora de fertilizantes.
Lozoya Austin y el empresario Alonso Ancira están acusados de lavado de dinero por este caso, el cual actualmente se encuentra congelado.
El 31 de agosto del 2023, Gerardo Alarcón López, juez de control federal del Reclusorio Norte, ordenó suspender el procedimiento contra Lozoya Austin, luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de pesos que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, está pagando, cubren la reparación del daño.
A la fecha, ha cubierto 104 millones 166 mil 50 dólares y está corriendo una prórroga que vence en noviembre próximo para que pague los restantes 112 millones 497 mil 990 dólares. Si finalmente Ancira no cumple con la reparación del daño, el juicio se reactiva contra ambos.
En febrero, Lozoya Austin salió de prisión gracias a un fallo judicial para enfrentar en libertad limitada sus dos procesos penales, en las mismas condiciones que tenía hasta noviembre de 2021, cuando fue encarcelado. En ese entonces, la FGR aseguró que el beneficio fue dictado en forma parcial e ilegal, que se trata de privilegios injustos, inequitativos y de inmediato presentará un recurso de revisión en el caso.
En la actualidad, el ex funcionario, quien estuvo preso desde el 3 de noviembre de 2021, puede transitar por toda la Ciudad de México, pero no salir de ella ni del país. Además porta un brazalete electrónico y acude cada 15 días a firmar el libro de procesados.
