San Diego. Una jueza federal cuestionó duramente el viernes la postura del gobierno del presidente estadunidense Joe Biden de que no tiene ninguna responsabilidad en el alojamiento y la alimentación de los niños migrantes mientras aguardan en campamentos improvisados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
La Patrulla Fronteriza no niega las condiciones en que se encuentran los campamentos, donde los migrantes esperan a cielo abierto o a veces en tiendas de campaña o estructuras hechas con ramas de árboles mientras carecen de alimentos y agua suficientes. Los migrantes, que cruzaron la frontera ilegalmente, aguardan allí a que los agentes fronterizos los detengan y procesen. La cuestión es si se encuentran bajo custodia legal.
Eso iniciaría un límite de 72 horas en la detención de los niños, y requeriría proporcionar servicios médicos de urgencia y garantías de seguridad física, entre otras cosas.
La jueza federal de distrito Dolly Gee dijo que la evidencia presentada por grupos de defensa de los inmigrantes parece respaldar la definición de custodia legal. “¿Son libres de irse?”, preguntó.
“Siempre y cuando no sigan adentrándose en Estados Unidos”, respondió Fizza Batool, abogada del Departamento de Justicia.
Gee, que fue designada por el expresidente demócrata Bill Clinton, reconoció que el asunto era algo complicado —”como bailar en la punta de un alfiler”—, porque algunos de los niños llegan por su cuenta a los campamentos y no son enviados allí por agentes de la Patrulla Fronteriza.
Los abogados pretenden que se aplique un acuerdo de 1997 —supervisado por un tribunal— sobre las condiciones de custodia de los niños migrantes, que incluyen el límite de tiempo y el proporcionar servicios, incluidos inodoros, lavabos y controles de temperatura. Gee no emitió un fallo tras una audiencia de media hora en Los Ángeles.
Los niños que viajan solos deben ser entregados en un plazo de 72 horas al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que generalmente los entrega a familiares en Estados Unidos mientras un juez de inmigración estudia la posibilidad de concederles asilo. Las familias solicitantes de asilo suelen ser puestas en libertad en el país mientras sus casos pasan por los tribunales.
La acción legal se centra en dos zonas de California: Una entre dos vallas fronterizas en San Diego y otra en una remota región montañosa al este de esa ciudad. Cuando el número de migrantes fue particularmente alto el año pasado, aguardaron varios días para ser detenidos y procesados por los abrumados agentes de la Patrulla Fronteriza. De mayo a diciembre, los agentes distribuyeron brazaletes de colores para diferenciar a los que debían procesar primero.
Los activistas señalaron que la Patrulla Fronteriza suele dirigir a los migrantes a los campamentos, y a veces incluso los conduce hasta allí. A menudo se ve a agentes que vigilan cerca hasta que arriban autobuses y camionetas.
El Departamento de Justicia, que rechaza la etiqueta de los activistas de que se trata de “centros de detención al aire libre”, señala que los traficantes envían a los migrantes a los campos. Dice que los agentes que les dan agua y bocadillos lo hacen por un gesto humanitario, y que cualquier agente que envía, o incluso escolta, a migrantes allí “no es diferente de cualquier agente policial que dirige el intenso tráfico para evitar el desorden y la confusión”.
Por lo general, la Patrulla Fronteriza detiene a los inmigrantes en los campamentos en un plazo de 12 horas desde que los encuentra, en comparación con 24 horas el año pasado, declaró Brent Schwerdtfeger, un funcionario de alto rango de la agencia en el sector San Diego, en un documento judicial. La agencia ha más que duplicado el número de autobuses en la zona de San Diego, hasta 15, para agilizar el procesamiento.
El viernes, 33 migrantes, incluidos dos niños pequeños, esperaban entre muros fronterizos en San Diego hasta que los agentes llegaron a pedirles que vaciaran sus bolsillos, se quitaran las agujetas y permitieran que los revisaran para verificar que no llevaran armas, antes de ser transportados en camionetas a un centro de detención. Procedían principalmente de China e India, y había otros de Afganistán, Azerbaiyán y Georgia. Los agentes les hablaron en inglés.
Pedro Rios, voluntario del American Friends of Service Committee —un organismo activista—, repartió sándwiches de pavo y té y café calientes a través de los espacios del muro fronterizo. Dio analgésicos y ungüento a una china que se cayó del muro y cojeaba.
Kedian William, de 38 años, dijo que había dejado a su hija de 10 años con una familia en Jamaica porque no podía permitirse el viaje, incluido el boleto de avión a México, pero que el asma habría dificultado el viaje de su hija de todos modos. Tenía previsto solicitar asilo y establecerse con su familia en Nueva York, tras haber huido de su casa después de que su cuñada, el marido de su cuñada y su hijo fueron asesinados el año pasado.
William dijo que intentó llegar al campamento el miércoles, pero huyó de nuevo a Tijuana para evitar la persecución de las autoridades mexicanas. Lo intentó de nuevo un día después, esperando seis horas en suelo estadunidense a que los agentes la recogieran para procesarla.
