Ciudad de México. Luego de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el Paquete Económico 2025 a la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que “el proyecto de presupuesto se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Corte y con las necesidades operativas, considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal”.
En el proyecto presentado a los legisladores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantuvo intacto el proyecto de presupuesto aprobado por el Pleno de la Corte en octubre pasado, de 5 mil 922 millones 911 pesos.
Según el máximo tribunal, esta cantidad se estableció “a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación” identificando “los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades, apegados rigurosamente a los parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023”.
Explicó que del presupuesto solicitado, “para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos, pues es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia y, por ello, del total de 3 mil 805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional”.
Según la Corte, los 4 mil 813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales –que equivalen a una disminución de 4.1 por ciento, en términos reales, respecto de lo autorizado para el presente año–, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de este Alto Tribunal –tal como lo dispone el artículo Décimo transitorio de la reforma al Poder Judicial”.
Además, señala, se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de esta reforma.
