Buenos Aires. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó al Estado argentino por no haber adoptado medidas para evitar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, que causó 85 víctimas mortales, y por no haber investigado con la diligencia requerida el ataque y su encubrimiento.

“Estado de Argentina responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la presidenta de la Corte, la jueza Nancy Hernández López este viernes al dar lectura de la sentencia​​​.

A partir de la denuncia presentada en 1999 por la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa, la Corte IDH declaró también la responsabilidad del país sudamericano por no haber garantizado el acceso real a la documentación del ataque.

“Se determinó la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y sobre la responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas para acceder a la información de los casos”, puntualizó la presidenta de la Corte.

Por unanimidad, la Corte resolvió en su sentencia emitida el 26 de enero, y difundida este viernes, aceptar el reconocimiento de la responsabilidad efectuado por el Estado argentino, y determinar su responsabilidad por la violación a los derechos a la vida e integridad personal, en perjuicio de las víctimas del atentado.

En simultáneo, “el Estado es responsable por la violación al principio de no discriminación en perjuicio de las víctimas del atentado y sus familiares”, así como por la violación del acceso a la justicia y a las garantías judiciales en perjuicio de los familiares de las víctimas.

Veinticinco años después del atentado, la Corte Interamericana destacó también la responsabilidad del Estado argentino por violar el derecho al acceso de la información, el derecho a conocer la verdad, y el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de las víctimas del atentado.

“Esta sentencia constituye una formal reparación”, puntualizó la titular de la Corte en la causa que contó con la asistencia jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En consecuencia, el tribunal ordenó al Estado argentino que remueva “todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen la impunidad total en este caso”, e instó a que inicie y reabra las investigaciones necesarias “para individualizar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos y establecer la verdad de lo ocurrido”.

Argentina también deberá tramitar los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, a fin de aplicar las sanciones a los responsables.

Además de realizar las publicaciones indicadas en la sentencia emitida por la Corte, el Estado también deberá celebrar un acto público de reconocimento de su responsabilidad internacional.

En paralelo, el país sudamericano deberá realizar un documental sobre el atentado y tendrá que crear un archivo histórico accesible al público sobre lo ocurrido, así como sobre la investigación, su encubrimiento y el papel de las asociaciones de víctimas para el esclarecimiento de la verdad.

“El Estado tomará medidas normativas necesarias para regular las condiciones de ingreso de la información de inteligencia en las causas judiciales”, añade la sentencia en uno de sus 22 puntos.

Argentina también deberá desarrollar un programa de capacitación; deberá tomar medidas legislativas y administrativas con el fin de reglamentar las solicitudes de desclasificación de los documentos, y adoptar a medidas legislativas y administrativas para dar pleno acceso a las víctimas y a los querellantes a todas las investigaciones, expedientes, y en suma, a toda la información vinculada directa o indirectamente con el atentado y su encubrimiento.

Argentina tiene un año de plazo para rendir cuentas al tribunal sobre las medidas adoptadas.

 

 

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