Para la reforma al Poder Judicial Federal se insiste en su corrupción total, al parecer surgida con la presidencia de la ministra Piña, vistos los halagos previos al ministro Zaldivar, hoy pensionado cuantiosamente. Pero hay premisas inconclusas. Entre otras:
1. La corrupción se debe a que se venden las sentencias. Las minuciosas declaraciones patrimoniales de los jueces federales hacen muy fácil rastrear un peculio inexplicable, pero: 1.1 no se sabe de jueces encarcelados a pesar de las denuncias presidenciales. Si el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los encubre, se argumenta, es corrupto; a pesar de los cientos de juzgadores sancionados y suspendidos desde la creación del CJF. Pero no hay investigaciones de la Fiscalía General. Ni juicio político resuelto contra los consejeros. Entonces, la Fiscalía y los legisladores también son cómplices, corruptos. 1.2 no se precisa qué sentencias son incorrectas, menos se demuestra. Entonces, todas lo son (decenas de miles al año) o se habla sin conocimiento o sólo las incomodas a los políticos son las fraudulentas, pero por apreciación política, no jurídica. 1.3 muchos jueces reclaman su inocencia y están dispuestos a recibir una auditoría para demostrar que jamás han recibido dinero por sobornos. Poco probable que los políticos reformadores estén dispuestos a lo mismo.
Todos son corruptos, se insiste, y deben salir. Esto incluye a consejeros y ministros nombrados en esta administración. Los consejeros Bátiz y de Gyvés, a diferencia de los consejeros magistrados, llegaron a votar en contra de las decisiones de Zaldivar y sus ayudantes, únicos involucrados en una denuncia por intentar comprar sentencias. De ser tan corruptos todos los jueces, esos denunciantes jamás se habrían negado a complacer al supuesto representante del interés público
. Por unos justos se salvará la ciudad, precisa la Biblia.
2. Es igual de corrupto el que entrega. El gremio de los litigantes, quien debió entregar los sobornos, requisito de la supuesta corrupción, no se menciona, como si fueran víctimas. La expedición de cédulas y su ejercicio debe revisarse con igual rigor, haciéndolos parte de la reforma para establecer si son cesados en el ejercicio profesional o se les obliga a certificarse. Entre los miles de juicios federales, el gobierno litiga igual o más que los particulares a través de sus departamentos jurídicos y gana cada tanto. Entonces, también sobornaron: son corruptos. Deben ser inhabilitados o expulsados todos los abogados burócratas del ejecutivo o legislativo, coautores de la corrupción judicial para ganar sus juicios.
3. Los jueces sueltan delincuentes. No se mencionan las actuaciones policiales y ministeriales, como si las fiscalías estuvieran desligadas de miles de carpetas mal integradas, por ignorancia o cohecho. Entonces, también debe sancionarse a quienes integran mal esas carpetas que llevan al juez a soltar detenidos o, al menos, a cesarlos como a los jueces. Los jueces no son los encargados de la seguridad pública: no previenen ni investigan los delitos. Ni siquiera forma parte del Consejo de Seguridad Nacional (CSN)
4. La corrupción deriva de la lentitud de los juicios. Si los procedimientos son lentísimos (en los juicios laborales burocráticos, pueden llegar a durar tres generaciones por la negativa de pago del estado) es por las leyes mal hechas y por la falta de personal. Esto se debe a los legisladores que no revisan las nuevas leyes o no actualizan las anacrónicas. En la ley burocrática, sólo se puede imponer multas de UN peso. Entonces, esa corrupción es de los legisladores. A pesar de ello, hay juzgados federales con cero rezagos en sentencias y trámite desde hace décadas.
5. El juez electo puede tener autonomía al resolver. Desligándose de quienes lo apoyaran en llegar a la función, nada garantiza que resuelva siempre a favor del interés público
, pues la indefinición sexenal política de éste permite su variación en la comprensión del juzgador.
6. Los compromisos laborales en el T-MEC llevarán a los paneles internacionales este tema, pues la garantía del debido proceso también incluye la continuidad del juzgador en los juicios. No de la persona, pero sí del procedimiento de elección del juez por ser parte de los presupuestos procesales. La sanción arancelaria por no cumplir con tales procesos podría ser grave.
7. La masiva jubilación judicial causada por la insistencia en la reforma (se habla de cientos de jueces y magistrados) abre un espacio para que la reforma se aplique gradualmente y puedan compararse resultados en ambos sistemas. Ahí se vería la pertinencia de la reforma.
