La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) condenó, lo que asegura, fueron agresiones y amenazas cometidas “por granaderos y efectivos sin uniforme”, en contra de juzgadores que ejercían su derecho a la libre manifestación en los alrededores de Palacio Nacional, donde se realizaba una reunión con líderes empresariales nacionales y de los Estados Unidos.
En un comunicado señaló que se ha buscado el diálogo franco y abierto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “y en retorno se ha recibido cerrazón y, ahora, violencia institucional”.
Ayer los manifestantes derribaron las vallas metálicas colocadas en Palacio Nacional y forcejearon con la policía, lo que ocasionó connatos de enfrentamiento y jaloneos. Fernando Migues, uno de los líderes, llamó a sus compañeros para que se tranquilizaran, pero algunos no le hicieron caso.
Incluso los trabajadores que protestaron por la calle Corregidora y Correo Mayor se encontraron frente a frente con la valla de policías sin que hubiera mayores incidentes después de que lograron romper el cerco.
Al concluir la protesta, los trabajadores del PJF repartieron a los policías agua embotellada.
Sin embargo, la Jufed apuntó que la manifestación pacífica tenía el objetivo de informar a empresarios de los riesgos de la reforma judicial para sus inversiones y los derechos laborales de los integrantes del PJF, pero que los elementos del cuerpo de granaderos amenazaron con agredirlos si no cesaba la manifestación siempre pacífica en los alrededores de dicho recinto.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia establece que es deber de las autoridades facilitar las protestas en espacios públicos. “Cualquier agresión injustificada por parte de la policía en un contexto de protesta constituye una violación a los derechos humanos y debe ser sancionada conforme a las leyes mexicanas e internacionales. Estas agresiones y amenazas no hacen más que revelar el talante autoritario del gobierno que instruyó a tal cuerpo de seguridad y personal vestido de civil a amenazar con ejercer violencia directa y específica contra personas trabajadoras y juzgadoras”.
