La comunidad maya de Chapab, Yucatán, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga su caso y frene la violación de los derechos humanos al medio ambiente y la salud, y a la libre determinación del pueblo indígena, que provoca la operación de una mega granja de cerdos que se instaló en su territorio en 2017, sin su consentimiento y con cobijo de instituciones estatales y judiciales.
Sobre la granja, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, la población de Chapab obtuvo en 2021 una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, por las afectaciones ocasionadas por su operación, principalmente por la probable contaminación del agua, el aire y el suelo, pero este juicio fue desechado por el Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, señalaron Kanan Derechos Humanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, así como cientos de comunidades, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos.
El magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, a cargo de la ponencia, argumentó que la demanda presentada por la comunidad de Chapab era extemporánea, ya que debieron demandar dentro de los primeros 15 días después del establecimiento de la mega granja, señalaron.
“Esto carece de sentido puesto que los daños al territorio y a las y los pobladores se hicieron evidentes durante la operación de la mega granja. Adicionalmente, es insólito que el Poder Judicial Federal resuelva un periodo de tiempo obtuso (caduco) para la defensa de derechos humanos por afectaciones al ambiente, al territorio y a otros derechos que prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones”, dijeron en un comunicado.
Agregaron que con estos resolutivos favorables para las empresas porcícolas, a pesar de la demostración de la violación de derechos humanos de los pueblos y los impactos ambientales, el Poder Judicial Federal manda un mensaje, por demás preocupante, diciéndole a las empresas que pueden operar en la irregularidad, si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días después de que se establecieron en los territorios de las comunidades.
Además de ese litigio, integrantes de la comunidad de Chapab, organizados en el colectivo Kanan Lu’um Moo (cuidar la tierra) ya han solicitado a las autoridades ambientales y administrativas la realización de una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no esa mega granja, que produce alrededor de 48 mil cerdos por ciclo, con lo que genera una gran cantidad de residuos que afectan al medio ambiente, a la salud de los pobladores y al derecho de vivir tranquilos en su territorio.
La consulta indígena, dijeron, debería realizarse de acuerdo con las pautas constitucionales e internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y los estándares en materia de participación pública en temas ambientales y de autonomía que establece el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, las autoridades estatales han negado contar con las facultades para la realización de la consulta, a pesar de que la consulta previa y la participación pública son obligaciones constitucionalmente reconocidas en México, señalaron.
Agregaron que el colectivo Kanan Lu’um Moo presentó una nueva demanda de amparo por la vulneración de su derecho a la consulta indígena, al consentimiento previo, libre e informado, y a la libre determinación. Demanda de amparo que está en riesgo de ser desechada pues nuevamente ha sido turnada al Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, con el mismo magistrado, Jorge Enrique Eden Wynter García, precisaron.
