Quito. A los seis meses del asalto a la embajada mexicana en Quito y el secuestro al ex vicepresidente Jorge Glas, el comité internacional que aboga por su libertad pidió -a través de una carta- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que amplíe las medidas cautelares a favor del ex mandatario, para que se cumpla con el estatus diplomático que implica este caso y se le otorguen acciones no privativas de la libertad.
El antecedente para esta solicitud es que ya el 31 de diciembre de 2019, la CIDH concedió las medidas cautelares a Glas ante sus padecimientos crónicos, pues para ello era urgente tratamiento y atención médica, además por el riesgo de muerte ante las amenazas dentro del centro penitenciario. Desde ese año, la CIDH ha pedido que se informe constantemente sobre la situación de salud y de encarcelamiento del ex vicepresidente.
En rueda de prensa realizada ayer de manera virtual, Sacha Llorenti, coordinador del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas y ex representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas, recordó que por pedido del Estado ecuatoriano se pospuso la visita de una delegación de la CIDH porque funcionarios del gobierno iban a estar fuera del país.
Además, aclaró que las medidas cautelares no son vinculantes a una visita. En ese sentido reiteró que se puede actuar de manera urgente porque está de por medio la vida de Glas y el Estado ecuatoriano no tiene la mayor intención de que se implementen.
Al mismo tiempo, este Comité reitera que la defensa jurídica de Glas ha agotado todas las vías judiciales ordinarias en Ecuador sin obtener justicia. Para Llorenti, las medidas adoptadas por los tribunales ecuatorianos, claramente motivadas por intereses políticos, han calificado como “legal” y “legítimo” el secuestro de Glas.
Llorenti mencionó que este es “un caso que se asimila a los del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del fundador de Wikileaks, Julian Assange”.
En la práctica, este pedido intenta que el Estado ecuatoriano cumpla con el asilo concedido por el gobierno de México a Glas, que se le conceda el salvoconducto otorgado por Suiza y que con ello mejore la salud física y sicológica del ex vicepresidente.
Tamara Lajtman, del Observatorio de Lawfare, insistió en que la vida de Glas está en riesgo porque no tiene seguridad nocturna, ya que no hay nadie en las celdas contiguas. Incluso, denunció que el 1 de octubre le fue negada la visita de un médico internista que supervisa su salud.
Glas padece múltiples enfermedades crónicas (espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, fibromialgia y gastritis crónica), además de graves trastornos mentales. A los pocos días de su detención arbitraria, intentó suicidarse y luego inició una huelga de hambre prolongada. Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente, pasando de tomar tres medicamentos diarios en 2017 a más de cuarenta en 2024.
Llorenti advirtió que, si no avanza lo solicitado por la defensa de Glas, el Estado ecuatoriano será sancionado por violar normas internacionales a nivel diplomático.
