Ciudad de México. Cinco familias originarias de Nayarit, México, interpusieron una demanda civil en Washington contra el ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, por torturas cometidas por él y por agentes del estado bajo su mando.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos y se ampara bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), que permite a las víctimas de tortura interponer acciones legales contra los responsables en tribunales estadunidenses, independientemente de dónde hayan ocurrido los hechos.
Veytia, quien fue fiscal general de Nayarit entre 2012 y 2017, fue acusado de facilitar operaciones criminales y de narcotráfico en la región, lo que le permitió ejercer un control absoluto sobre las fuerzas de seguridad del estado. El ex fiscal, que también tiene ciudadanía estadounidense, fue detenido en 2017 cuando intentó cruzar la frontera entre México y EEUU y fue vinculado con el narcotráfico. En 2019, Veytia se declaró culpable de un cargo de narcotráfico y fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, en 2024, su sentencia fue reducida a 10 años tras su colaboración como testigo en el caso contra el ex secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. Veytia fue liberado en febrero de 2025.
Los afectados están siendo representados por G37 Centre, una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, en colaboración con la firma internacional de abogados Baker McKenzie, que actúa pro bono, y la Clínica Jurídica de la Universidad de California en Irvine, señalan en un comunicado difundido este jueves por su equipo legal, que Veytia “es conocido por su papel en un periodo en Nayarit conocido como “El Terror en Nayarit”, marcado por una extrema arbitrariedad y una cadena de violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de la ley. Durante su mandato”.
Los demandantes, quienes fueron sometidos a torturas mientras se encontraban bajo custodia de agentes policiales y de seguridad, buscan que se reconozca la responsabilidad de Veytia en estos crímenes. Señalan que en algunos casos Veytia participó directamente en los abusos.
“Llevamos casi una década buscando justicia por lo que sufrimos y perdimos a manos de Veytia y personas bajo su mando”, señalaron los demandantes en el comunicado.
“Buscamos que este recurso arroje luz sobre las terribles violaciones cometidas bajo el amparo de las autoridades nayaritas, establezca responsabilidades y que esto nunca vuelva a ocurrir”.
Michael Reed, director de programas del G37 Centre, comentó: “La tortura sufrida por nuestros representados denota un abuso de autoridad extremo y expone peligrosas alianzas entre actores públicos y privados en Nayarit. Con esta demanda, buscaremos demostrar, en un foro judicial, los actos de tortura cometidos bajo el amparo del poder público y avanzar en la rendición de cuentas que tanto han solicitado las víctimas”.
G37 Centre ha estado investigando estos casos en colaboración con organizaciones locales, como Justicia Transicional en México (JT MX), durante más de cuatro años, como parte de una iniciativa para reivindicar la verdad y la justicia en Nayarit.
