Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que tras vencer el plazo del Estado mexicano, sin que éste haya presentado sus observaciones, el caso del activista ejecutado extrajudicialmente Arturo Hernández Cardona “se encuentra procesalmente listo” para que emita su informe final, anunciaron la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) y familiares de la víctima.
En conferencia de prensa celebraron la decisión del organismo internacional, que les comunicaron el 7 de febrero pasado, al tiempo que denunciaron que la familia del activista social desaparecido, torturado y ejecutado en 2013 en Iguala, Guerrero, “sigue siendo hostigada y a 10 años del lamentable hecho, el Estado no les garantiza que puedan llevar una vida libre de amenazas”.
“Este caso es importante porque muestra una vez más la impunidad con que el Estado actuaba y es una franca violación de los derechos humanos. Desde la Red apoyamos el pronto Informe de Fondo de la Comisión Interamericana para cesar esta impunidad”, recalcó fray Julián Cruzalta, defensor de derechos humanos.
Erika Zamora Pablo, coordinadora del área de Derechos Humanos de la RSDCIAC, destacó que la decisión de la CIDH “viene a sanear las dificultades que hubo a lo largo del proceso para este caso”, ya que –dijo– desde un inicio la entonces Procuraduría General de la República se negó a tomar el caso y lo dejó a nivel estatal, pese a que había autoridades involucradas en la desaparición, tortura y ejecución de Hernández Cardona.
“La Comisión Interamericana se viene a convertir en una luz de lograr la justicia y la verdad en la lucha contra la impunidad”, comentó y mencionó que ahora se entrará en “un proceso largo” en el que la Red Solidaria aportará todos los elementos necesarios para documentar las violaciones del Estado mexicano.
Soledad Hernández Mena, hija de Hernández Cardona, recordó que la última vez que vio a su padre fue hace 10 años, a quien describió como “una persona muy feliz”; a pesar de nuestras conversaciones, lamentó, “vino un desenlace trágico”.
Mencionó que el estado de Guerrero “se conocía por crímenes de Estado nunca resueltos” y su padre fue víctima de este tipo de hechos y de personajes como el entonces alcalde José Luis Abarca.
Acusó que mientras en Iguala el expediente sólo se acumuló y no avanzaron las investigaciones, el Estado mexicano y distintas autoridades pusieron muchas dificultades en el camino, y a pesar de “los cambios drásticos en la política interior, se permanece en la impunidad”.
Las organizaciones y los familiares recordaron que el 31 de mayo de 2013, Hernández Cardona fue desaparecido junto con otros siete activistas más -todos integrantes de la Unidad Popular-, dos días después de que cuatro de ellos presentaron una denuncia en contra del entonces presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, de su esposa María de los Ángeles Pineda y de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública local.
En esa denuncia, citaron, los denunciantes manifestaron: “tenemos el temor fundado en que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones de la Unidad Popular”.
El 3 de junio de ese mismo año, se encontró el cuerpo de Hernández Cardona, “con los ojos vendados y claras señales de tortura y de ejecución”.
