Un buen porcentaje de los centros públicos y privados que le dan atención a niños, niñas y adolescentes en México no tienen procesos de capacitación de su personal ni protocolos de actuación en caso de que los menores sean vulnerados, por lo que organizaciones civiles impulsan un proceso de certificación de dichos establecimientos, para que éstos se conviertan en espacios seguros para la niñez.
Durante un foro sobre el tema, Malcolm Aquiles, director de incidencia en políticas públicas del colectivo World Vision México, explicó que esta organización, en conjunto con el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y otros grupos, impulsaron desde mediados de 2022 un mecanismo de evaluación de las instituciones de atención a la niñez en la capital de Chihuahua.
Los llamados Espacios Favorables para la Niñez (Efani), dijo, buscan asegurar que en los sitios de atención a la infancia se lleven a cabo prácticas de salvaguarda de la seguridad de los menores, crianza positiva, fortalecimiento institucional y enfoque derechos de niños y niñas, para que sus opiniones sean realmente escuchadas.
La necesidad de fortalecer estos espacios surgió porque un “porcentaje importante” de ellos están en condiciones de precariedad en diversos aspectos. Además, el tema “se ha estudiado poco y hay contextos estatales o municipales en donde dicen ‘no, mejor ni nos metemos, porque le tenemos mucho respeto a las monjitas’ o dejan el asunto a un lado”.
Un ejemplo de lo anterior, resaltó el especialista, es que sólo en el 12 por ciento de los establecimientos que participaron en la certificación de Efani había rutas de actuación en caso de que los derechos de los infantes fueron vulnerados y sólo el 20 por ciento habían tenido algún proceso de capacitación de su personal en el último año.
Luego de destacar que el objetivo de los promoventes de los Efani es llevar las certificaciones a escala nacional, Aquiles advirtió que la no existencia de prácticas de monitoreo aumenta la posibilidad de prácticas de abuso, opacidad en el manejo de recursos y falta de rigurosidad en los procesos de adopción de menores, además de desaparición de centros con “vocación importante” de servicio, pero capacidades muy limitadas.
Por su parte, Luis Fernando Carrera, representante de Unicef México, destacó que el costo fiscal de generar un sistema eficiente de atención a la niñez es muy bajo en comparación a temas de infraestructura y seguridad, y alertó que de unos 21 mil niños y niñas que requieren acogimiento familiar en el país, de 2019 a la fecha sólo han sido atendidos unos 300.
