Brasilia. La corte suprema de Brasil empezó a discutir este miércoles la regulación de las redes sociales, en un debate pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de ‘fake news’ y discursos de odio.
El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, analiza cuatro casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
La discusión comienza justo después de que una investigación policial sobre un presunto plan frustrado de golpe de Estado en 2022, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro, concluyera esta semana que los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la confiabilidad del sistema electoral y así justificar sus acciones.
El debate en el STF, cuya resolución se espera para 2025, debe definir entre otras cosas si las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios.
Otro punto clave es si las empresas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos de manera espontánea, sin necesidad de intervención judicial.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
Durante el debate, uno de los jueces del STF, Alexandre de Moraes, se usó como ejemplo de la falta de “buena voluntad” de las plataformas para eliminar perfiles falsos.
“Yo no tengo Instagram ni Facebook y tengo unos veinte perfiles”, dijo Moraes, y agregó que las plataformas “simplemente ignoran” los pedidos de retirar cuentas de ese tipo.
Aunque se trata de casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
“Las plataformas digitales (…) abrieron vías para la desinformación, el odio, las mentiras deliberadas y las teorías conspirativas”, dijo a la AFP el juez Luis Roberto Barroso, presidente del STF.
En opinión de Barroso, tanto el Congreso como la justicia brasileña deben actuar “con un mínimo de intervención del Estado en la expresión del pensamiento, pero impidiendo el avance de la criminalidad e incitación a la violencia”.
