Brasilia. Brasil firmó el viernes un acuerdo de compensación de 170 mil millones de reales (unos 30 mil millones de dólares) con las mineras BHP, Vale y Samarco por el colapso de una represa en 2015, uno de los peores desastres ambientales del país.

El colapso en la ciudad de Mariana, en el sureste del país, provocó un gigantesco alud de lodo que mató a 19 personas y contaminó gravemente el río Doce, comprometiendo la vía fluvial hasta su desembocadura en el océano Atlántico.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asistió en Brasilia a la ceremonia de firma del acuerdo, en la que el gobierno informó que el primer pago de 5 mil millones de reales deberá efectuarse en un plazo de 30 días.

El acuerdo prevé el pago de 132 mil millones de reales, de los cuales cien mil millones representan “nuevos recursos” que las empresas implicadas en la tragedia deberán abonar en un plazo de 20 años.

Éstas destinarán los otros 32 mil millones de reales al pago de indemnizaciones a los afectados y a acciones de reparación que quedarán bajo su responsabilidad, además de los 38 mil millones que las mineras dicen haber desembolsado.

El procurador general del gobierno, Jorge Messias, dijo que los recursos previstos en el acuerdo permitirán a las autoridades locales reparar las pérdidas financieras de las familias afectadas por la tragedia y pagar las acciones de recuperación ambiental en las zonas afectadas.

Los pagos anuales se programarán hasta 2043, con valores que oscilarán entre 7 mil millones de reales en 2026 y 4 mil 410 millones de reales en el último tramo.

“Estos recursos nos permitirán hacer justicia en la reparación a las familias directamente afectadas y su impacto se sentirá en varias áreas, no sólo en la recuperación del medio ambiente, sino en la reanudación de las actividades económicas, la salud y la infraestructura”, dijo Messias.

BHP dijo en un comunicado que esperaba que los flujos bajo el acuerdo se alinearan con su provisión para Samarco para todo el año 2024 de 6 mil 500 millones de dólares y que no se requirió ninguna actualización de la provisión existente en este momento.

El acuerdo del viernes podría poner fin a más de un centenar de demandas contra las empresas mineras en el país y posiblemente limitar las acciones legales en el extranjero, dijeron esta semana tres fuentes cercanas al asunto.

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