Madrid. Las protestas de los agricultores europeos se intensificaron y se están extendiendo a otros países, afectando ya a la mayor parte de la Unión Europea (UE), con nuevas y masivas movilizaciones en España, Italia, Portugal, Bulgaria, Países Bajos, Grecia, Bélgica, Polonia, Rumania y Francia, entre otros.
La furia del sector primario y las amenazas de mantener las protestas en las calles, carreteras y plazas públicas del viejo continente han puesto en jaque a las autoridades comunitarias, hasta el punto de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cedió un poco en su postura y propuso al resto de países la anulación de un plan para reducir el uso de los pesticidas en la agricultura, que es sólo una de las muchas reivindicaciones que enarbola el sector.
Los tractores volvieron a convertirse en el símbolo de las movilizaciones de los agricultores europeos, que decidieron abandonar sus tierras de cultivo para bloquear carreteras, colapsar el tráfico de las ciudades y alzar la voz frente a las sedes de los centros del poder de sus respectivos países, la mayoría de ellos en las grandes urbes europeas, que viven alejados de la realidad cotidiana de los trabajadores del campo.
En España, donde hasta ahora sólo se habían registrado protestas leves en el norte del país, la revuelta de los agricultores fue masiva, organizada desde las redes sociales y dejando al margen a las agrupaciones regionales del sector y a algunos de los sindicatos mayoritarios, que ni conocían ni fueron invitados a las protestas.
Y a pesar de que las movilizaciones se iniciaron en Francia hace dos semanas y después se fueron propagando en otros países, como Bélgica y Países Bajos, la cadena se ha ido extendiendo hasta llegar a algunos de los principales países productores del sector agrícola de la UE, como España, Portugal, Grecia e Italia.
Y con reivindicaciones similares: la ejecución de cambios en las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC), la aprobación de ayudas urgentes para paliar los efectos de la sequía (especialmente grave en el sur del continente), una simplificación de la burocracia europea, la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales y un refuerzo de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante el proceso de jubilación en marcha del campo.
También, una parte de los manifestantes, como los franceses y belgas, exigen la paralización de las negociaciones para el acuerdo de libre comercio con Mercosur, además reclamar que no se ratifique el pacto comercial con Nueva Zelanda y que se congelen las mesas de negociaciones con México, Chile, Kenia, India y Australia.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores española (ASAJA) resumió en un comunicado el sentir del campo español y europeo: “Las reivindicaciones para la protesta se centran en abordar las incoherencias existentes entre la legislación de la UE y los acuerdos internacionales, lo que nos lleva a exigir la implementación de la cláusula espejo”, es decir que los productos agrícolas que vienen de fuera cumplan con los mismos requisitos que los locales. Sobre todo los requisitos cada vez más férreos relacionados con la agenda 2030, que aspira a eliminar paulatinamente la utilización de combustible fósiles en toda la región, lo que afecta de forma directa al sector primario.
El guiño de Von der Leyen a los agricultores fue recomendar al resto de países la eliminación de un plan para reducir el uso de pesticidas en la agricultura, ya que, según la política comunitaria, “la propuesta de los pesticidas se ha convertido en un símbolo de polarización”.Y para seguir adelante hace falta más diálogo y una estrategia diferente, puesto que los agricultores necesitan un ejemplo de negocio rentable para las medidas de mejora del medio ambiente. Quizá no hemos presentado ese ejemplo de forma convincente”, dijo Von der Leyen ante el Parlamento europeo en Estrasburgo.
La eliminación de este plan supone renunciar a la aspiración que tenían los gobiernos europeos de reducir en un 50 por ciento el uso de pesticidas y otras sustancias tóxicas y dañinas para el medio ambiente para el año 2030.
Protestas en España
Un agricultor murciano, que cerró parcialmente una carretera comarcal de su región, denunció: “Están entrando a España y a Europa productos de otros países, sobre todo africanos, con productos fitosanitarios que nosotros no podemos utilizar aquí. Nosotros no queremos subvenciones, lo que queremos es trabajar. Y encima nos tienen fritos (asfixiados) con inspecciones todos los días Nos vamos a la ruina y así dan ganar de abandonar el campo”.
La asfixia del campo fue lo que unión a agricultores españoles de todo el país, que colapsaron las entradas a las principales ciudades, bloquearon los accesos al Puerto de Málaga y al principal centro de abastos de la ciudad de Valladolid, Mercaolid. Además de protestas encendidas y bloqueas de calles y carreteras en Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, Cantabria, Asturias, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Madrid.
El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, ordenó a la Guardia Civil impedir que los tractores entraran a las grandes ciudades para evitar su colapso, incluso con medidas represivas y multas a centenares de agricultores. La mayoría de los gobiernos autonómicos, tanto de izquierda como de derecha, apoyan las reivindicaciones de los agricultores, mientras que el ministro de Agricultura, Luis Planas, intenta establecer una mesa de diálogo con todos los sectores agrícolas afectados, sobre todo con los que están pie de guerra en las carreteras y calles.
Mientras, en los Países Bajos cientos de agricultores bloquearon carreteras y provocaron algunos incendios aislados. En Italia, el Comité de Agricultores Traicionados y la Coordinación de Redención Agrícola, entidades promotoras de las protestas en Italia, publicaron un manifiesto de diez puntos en el que piden “que se pague el valor justo de nuestros productos” y “revisar el Pacto Verde Europeo de la comunidad regional; entre otras cosas cesar la obligación de dejar 4 por ciento de tierra sin cultivar, prohibir alimentos sintéticos, mayor desgravación fiscal, mantener beneficios al combustible agrícola y eliminar el impuesto a algunos productos alimenticios primarios”.
Sin embargo, también hay grupos ecologistas que exigen a la UE mantener la hoja de ruta para cumplir con el Pacto Verde de la Agenda 2030, entre ellos los grupos ambientalistas italianos como Legambiente, que denuncia que “el Pacto Verde no es el enemigo, sino un aliado estratégico del mundo agrícola, y una brújula importante para el futuro de la agricultura en la lucha contra la crisis climática”. Al advertir que “el verdadero problema son los bajos ingresos de la mayoría de las empresas agrícolas, abrumadas por la crisis económica, el cambio climático y la especulación financiera”.
