Madrid. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, declaró por tercera vez ante los juzgados ordinarios de Madrid y por primera vez decidió responder a las preguntas de su abogado para defender su inocencia ante los cargos que hay en su contra por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y tráfico de influencias. Ante la presencia de Gómez en los tribunales se activó un fuerte dispositivo judicial que impidió el paso a los medios de comunicación y a las dos decenas de manifestantes de la organización ultraderechista HazteOír, que promueven entre otras cosas la derogación de la ley del aborto y defienden los “tratamientos” médicos y psicológicos para “curar” la homosexualidad.
En España, la legislación de la función pública no tiene regulada la figura de la “primera dama” o la pareja o consorte del presidente del gobierno. De los siete mandatarios que ha habido desde la transición a la democracia, en 1978, todos ellos hombres y casados con mujeres, nunca antes se había registrado una situación como la actual, en la que la esposa del presidente es acusada de varios delitos por la presunta utilización de bienes y funcionarios públicos para sus intereses particulares. De hecho, prácticamente todas las esposas de los ex presidentes han tenido asistentes o personal a su cargo para ayudarles en sus responsabilidades como “esposas” del mandatario, como ocurrió con la esposa del ex presidente Mariano Rajoy, quien tenía un asistente personal -hoy diputado del Partido Popular (PP)- que le ayudaba incluso en la elección del vestuario para su agenda oficial. El problema con el caso de Begoña Gómez es la presunta utilización de esos recursos en cuestiones ajenas a su condición de “esposa” y, por tanto, a intereses particulares.
De ahí que las querellas en su contra hayan prosperado en los tribunales, admitidas en esta caso por el juez madrileño Juan Carlos Peinado, quien la citó a declarar ante su despacho por tercera vez. En esta ocasión, Gómez decidió romper su silencio y responder únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, ex secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En su testimonio, Gómez explicó que cobraba 15 mil euros (315 mil pesos) al año por su trabajo en la Universidad Complutense y que, por tanto, esto “demuestra que no pretendía lucrarse”. Además explicó que la gestión del curso que dirigía en la universidad madrileña, tanto en lo relacionado con el pago de las cuotas por parte de los alumnos como del sistema informático creado ad hoc para el curso por una empresa paraestatal, Indra, lo realizó siguiendo las instrucción de la propia cúpula universitaria.
Tras su declaración, el juez Peinado ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si Begoña Gómez tiene más cuentas bancarias además de los datos que ella misma facilitó hace unas semanas de hasta once a su nombre y en las que se respetó la confidencialidad del dinero que tenía cada una.
En otra asunto, el Tribunal Supremo español solicitó el suplicatorio al Congreso de los Diputados para el ex ministro de Fomento y ex mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, por la investigación abierta en su contra en el marco de una amplía red de corrupción durante su gestión, entre los años 2018 y 2021. Esta caso pretende indagar sobre el pago de comisiones o “mordidas” a una red corrupta, que además le habría financiado durante varios años al ex ministro socialista tanto una serie de viviendas para su familia y para sus “amigas íntimas”.
El ex ministro Ábalos negó los hechos que se le imputan, así como el que fue su mano derecha, Koldo García, que ahora tendrán que confrontar sus versiones como el empresario Víctor de Aldama, el presunto corruptor y que hasta hace unos meses era su aliado más cercano.
