Ciudad de México. Con el choque de posturas a favor y en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener vigente la ley que permite a las personas que ocuparon la gubernatura, las secretarías de Gobierno y de Seguridad y el Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acceder al beneficio de medidas de seguridad y protección cuando concluyan su mandato, por un período igual al tiempo en que ocuparon el cargo y con posibilidad de prórroga.
Dicho beneficio fue producto de reformas hechas por el Congreso de Tamaulipas en septiembre 2021, un año antes de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca dejara de gobernar la entidad.
Bajo el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, se pretendía declarar inválidas dichas medidas para que el beneficio de mecanismos de seguridad a exsevidores no fueran en automático sino que cada caso sea analizado para que acceda a la protección, pues su argumento central fue que violaba los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
“La invalidez se sustenta fundamentalmente en que los recursos públicos de que disponen las entidades federativas para llevar a cabo la seguridad pública son limitados y no resulta admisible a la luz de los principios de honradez y eficiencia previstos en el artículo 134 de la Constitución General, que se destinen esos recursos para otorgar medidas de seguridad y protección a quienes, si bien, en su momento ejercieron un cargo público que los colocó en una situación de riesgo, no exista alguna evidencia que permita suponer de manera razonable que ese riesgo prevalece después de que concluyeron su función de gobierno, pues ello, implicaría mejorar la seguridad personal de quienes, en su momento, fueron servidores públicos sin existir una causa demostrable para ello en demérito de la seguridad del resto de la sociedad”, argumentó.
El proyecto de Yasmín Esquivel fue votado a favor solamente por las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz.
“La cuestión a analizar no versa sobre qué cargos decidió contemplar el congreso local en la regulación sobre las medidas de seguridad y protección, sino en torno a la forma en que se previó su otorgamiento y, a partir de ello, estimo que la procedencia automática y obligatoria de las medidas de seguridad y protección no es compatible con la exigencia de motivación por parte de la autoridad correspondiente, pues prescinde de la posibilidad de valoración de elementos y circunstancias, lo cual puede conducir a plazos, condiciones y modalidades diferenciadas en cada uno de los contextos que permeen sobre las personas que los ocupen”, dijo. .
Finalmente, el proyecto no prosperó por los votos en contra de los ministros Luis María Aguilar, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat. Esta última ministra rechazó que se trate de “medidas que constituyen un privilegio justificado” para servidores públicos, como apunta el proyecto sino que responde, dijo, al contexto de inseguridad en la entidad.
“Es Tamaulipas el Estado que está proponiendo esto, es un Estado que tiene conocidos problemas de seguridad y de crimen organizado. El Congreso local previó que sus funcionarios debían contar con la seguridad de que, al dejar el cargo, el Estado los protegerá durante algún tiempo, ¿cuánto tiempo? ellos mismos pueden optar por no tenerlo, tenerlo menos, etcétera y ¿para qué? pues para que estén tranquilos, para que tengan la confianza de que el Estado de Tamaulipas los protegerá en el futuro y de que hoy entonces cuenten con mayor determinación para enfrentar los casos que deben enfrentar”, dijo.
Pérez Dayán descartó que se trate de un beneficio automático para los exservidores, pues dijo que la ley prevé que ese mecanismo de seguridad se brinde “en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”; La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, también rechazó que se trate de un gasto excesivo para el estado.
“Precisamente por el cargo y función que realizan, no se patentiza que necesariamente pueda ocurrir un derroche en el gasto público”, dijo.
