El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya reconocido en su momento la existencia del paro de labores en juzgados y tribunales en protesta por la reforma judicial y emitido medidas para evitar que se paralizaran en su totalidad las labores de impartición de justicia.
Con la decisión del máximo tribunal del país se evitará que a futuro se finquen responsabilidades de cualquier tipo a quienes participaron (trabajadores, jueces y magistrados) en la suspensión de labores que duró oficialmente 68 días, entre septiembre y octubre del año pasado.
En sesión del pleno de la Corte, se aprobó con siete votos contra tres el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que validó la circular 17/2024 emitida por el pleno de la Judicatura el 23 de agosto de 2024, con la que se tomó conocimiento de la suspensión de actividades en el PJF declarada el 21 de agosto del año pasado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), suspendió plazos y emitió medidas para que se atendieran sólo los casos urgentes.
De no haber emitido pronunciamiento alguno, consideramos que se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justiciables al no haberse suspendido los términos respectivos
, argumentó Pardo.
En contra del proyecto votaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, pues justificaron que la solicitud quedó sin materia porque la Jufed acordó reanudar labores el 28 de octubre pasado. Aun así, criticaron el actuar del CJF.
Actuación debatible
Ortiz Ahlf señaló que la circular del CJF refrendó el derecho de todas las personas del PJF de manifestarse pacíficamente dentro del marco legal, pero suspender plazos y establecer las hipótesis de atender sólo casos urgentes resultó insuficiente para garantizar el derecho de todas las personas de acceder a la justicia
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En tanto, la ministra Batres Guadarrama sostuvo que no es facultad de la Corte calificar o validar los actos del CJF, pero también criticó que los consejeros, entre ellos la ministra presidenta Norma Piña Hernández, no tomaran medidas para que los juzgados y tribunales reanudaran labores o en su caso sancionarlos.
“Su actuación (del CJF) es debatible y desde mi punto de vista absolutamente sancionable, porque su función no es estar regularizando a posteriori decisiones unilaterales que, sin contar con competencia para ello, tomaron las personas juzgadoras para suspender el servicio público”, dijo.
La Jornada informó el 7 de octubre pasado que hasta ese día el paro había impedido la realización de 9 mil audiencias. En tanto, Batres señaló que en lo que duró la suspensión de labores se ocasionó un daño económico de más de 13.7 mil millones de pesos al erario.
