Buenos Aires. En momentos en que la cifra de la pobreza se acerca a 60 por ciento, sin soluciones visibles, la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer dos recursos que pedían reconocer la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, el mega DNU 70/23, presentado por el gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei, el pasado 20 de diciembre, rechazado por el Senado, pero que se aplica con gravísimas consecuencias tanto para la población mayoritaria como violentando la soberanía nacional, esperando que la Cámara de Diputados ratifique la decisión de la cámara alta.
El primer planteo ante la Corte Suprema lo hizo el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ha enfrentado y demandado la deuda que tiene con la provincia el Ejecutivo, quien la usa como chantaje contra todos los mandatarios provincianos.
Quintela hizo su presentación patrocinado por el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, dos días después de la firma del DNU con el pedido de declarar certeramente la inconstitucionalidad del decreto.
Señalaba que ese decreto produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a decenas de artículos de la Constitución y al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte también rechazó la denuncia del abogado Jorge Rizzo, de la agrupación de abogados Gente de Derecho, quien llegó a la Corte mediante un per saltum, después que fue rechazado en otros tribunales, cuando pedía una cautelar.
De acuerdo a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en ninguno de los dos planteos había un “caso concreto”, “causa” o “controversia”.
Esto sucede cuando la situación se ha agravado más allá de todos los límites previstos, miles de empleados y trabajadores de grandes fábricas son despedidos, ya que no pueden asumir las millonarias cifras de las tarifas de luz y gas imposibles de pagar, por lo cual han comenzado a cerrar una cantidad de pequeños negocios y las pequeñas y medianas empresas.
Si algo faltaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró en una entrevista con TN que hay miembros de Hezbolá en Chile y Bolivia. Y dijo que en Bolivia habría unos 700 iraníes. que serían parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Hubo una reacción inmediata tanto del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien adelantó que llamará a consulta a los diplomáticos argentinos para que “brinden explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas de la ministra Bullrich”.
La cancillería boliviana denunció que los dichos de Bullrich “carecen de evidencia”, que se realizaron “sin ningún fundamento” y que el Estado argentino “busca generar confrontaciones y provocar fricciones”. Además reafirmó que Bolivia es un “Estado pacifista” y que apelará al diálogo para “resolver este desagradable episodio”.
La ministra del Interior y Seguridad de Chile, Carolina Tohá, la desmintó y la criticó “por la irresponsabilidad de sus declaraciones.
“Tenemos una situación en el continente. Después tenemos a Venezuela, que es aliada de Irán, con lo cual la situación es complicada”, sostuvo Bullrich y agregó: “Más la realidad de tener a Hezbolá en la Triple Frontera a 5 kilómetros de Puerto Iguazú”. Ahora sólo faltaría la réplica de Paraguay.
