Buenos Aires. La decisión del Ministerio de salud del gobierno ultradrechista de Javier Milei, de cerrar el Hospital Nacional de Salud Mental “Licenciada Laura Bonaparte” comenzó por suprimir las guardias y la internación de pacientes lo que conmocionó a profesionales, a la población y a los otros hospitales que están bajo amenaza; el hecho coincide con una larga y severa carta pública que Aministía Internacional (AI) envió al mandatario, con fuertes reclamos.
En la misiva a Milei, AI sostiene que “nos alarma el incremento de la pobreza, que se ataquen los derechos humanos” y reclama además al mandatario por encabezar “una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias”.También advierte sobre la utilización del discurso del odio, y el peligro de que en nombre de la seguridad se tomen medidas que ponen en peligro a la población
En tanto los profesionales de salud mental repudiaron la decisión del gobierno y comenzaron un reclamo alrededor del edificio, permaneciendo en vigilia toda la noche; se quedaron en el lugar donde hay una cantidad de pacientes internados, que no tienen un lugar similar a donde ser trasladados.
Vale recordar que el hospital lleva el nombre de Laura Bonaparte, reconocida psicóloga ya fallecida, cuyo esposo Santiago Bruschstein fue secuestrado de su casa en 1976 bajo la dictadura, estando enfermo del corazón y murió en manos de los criminales; luego sus hijos también fueron secuestrados, Noni (fines de 1975), Irene y Víctor (en 1977), todos desaparecidos. Sólo sobrevivieron Laura y su hijo menor Luis Bruschstein, ambos exiliados en México.
Bonaparte trabajó, junto a un importante grupo de psicólogas en un Servicio de Salud Mental de puertas abiertas en el municipio de Lanús en la Provincia de Buenos Aires, en un barrio popular, dirigido por el psiquiatra Mauricio Goldemberg, una experiencia que revolucionó el sistema, reconocida a nivel mundial. También fue observadora de Amnistía en Guatemala, El Salvador y en Nicaragua, en los primeros tiempos de la revolución sandinista.
Es necesario conocer lo que hay además detrás de esta decisión dijo el periodista, columnista y escritor Luis Bruschtein, en comunicación con La Jornada, “es un mensaje no sólo en el terreno de la salud en general, sino político -muy evidente- en el tema de los derechos humanos”. Laura fue integrante de Madres de Plaza de Mayo.
A esto se añade que el edificio del hospital es histórico y data del año 1889, desde entonces acogió a diferentes instituciones. En 2012, por Resolución del Ministerio de Salud, fue destinado a una nueva misión dentro del marco de la Ley Nacional de Salud “con el objetivo de asegurar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional”. A mediados de 2016 se modificó la denominación de la institución y pasó a llamarse: Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
“Es una definición de la política de destrucción, no sólo de la memoria histórica, sino de la salud pública, que como la educación, el gobierno intenta anular. Si se lo deja avanzar va por todos los hospitales de salud pública”, sostienen los trabajadores del Bonaparte, que van a permanecer en el hospital y desmintieron la información de las autoridades sanitarias de que no había suficientes pacientes” cuando a lo largo de este año “se atendieron a más de 25 mil personas”.
Asimismo, denunciaron que el cierre del hospital dejaría “sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes(..) no nos pueden mentir no se trata de números. Este hospital brinda un servicio esencial a toda la comunidad” y más en este momento de crisis.
También anunciaron que permanecerán de manera pacífica “en las instalaciones y no descartamos que en las próximas horas las acciones incrementen”, dijo un dirigente sindical de Trabajadores del Estado señalando que son casi 700 puestos de empleo. Y también advirtieron “que no van a aceptar ningún tipo de criminalización y judicialización de la protesta porque estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a trabajar”.
Por otra parte el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, también pidió la renuncia del Consejo de Administración del Hospital Garrahan porque ante la indiferencia del gobierno de aumentar los salarios, que están por debajo del mínimo necesario, para salvar la situación decidieron otorgar un bono de 500 mil pesos a los médicos. El Garrahan es el único hospital de niños que realiza transplantes y atiende enfermedades que no pueden ser tratadas en otros lugares, es reconocido en toda la región por su alto nivel de complejidad.
El personal es altamente especializado y “es un crimen dejar este hospital a la deriva después de tantos sacrificios y tantas vidas salvadas” denunciaron los trabajadores; sostienen que “mientras la libertad se restringe cada día más, la amenaza de cierre de hospitales públicos es de una “crueldad que identifica al gobierno actual”. Además plantearon que las medidas gubernamentales están “destinadas a destruir y entregar al país”.
