Madrid. El socialdemócrata Bernardo Arévalo asume este domingo el cargo de presidente de Guatemala para los próximos cuatro años, en medio de las presiones judiciales ejercidas por una muy cuestionada Fiscalía contra su inesperado triunfo en las elecciones de agosto, que rompió así con décadas de gobiernos conservadores.
Arévalo se encontró con los obstaculos de una fiscalía que intentó incluso impedirle el derecho a competir en una segunda vuelta que se había ganado en las urnas y que está seguro que no dice todavía su última palabra.
“Algo van a intentar”, advirtió esta semana Arévalo durante una de sus últimas entrevistas antes de asumir como presidente. “Son patadas de ahogado. Lo hemos dicho insistentemente, son medidas desesperadas de gente que está a punto de perder el negocio y tratan de cualquier manera impedirlo”, declaró.
Finalmente, un recurso de amparo del Constitucional aseguró su participación en aquella segunda ronda, en la que se impuso holgadamente al oficialismo. Desde entonces, ha sido objeto de una persecución protagonizada por la Judicatura, con algunos de sus representantes incluidos en esas listas elaboradas por Estados Unidos para señalar a supuestos agentes antidemocráticos y corruptos.
Es el caso de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras –a quien Arévalo ya ha confirmado que le solicitará su renuncia–, los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche, o el juez Fredy Orellana, quien esta semana instó de nuevo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a cumplir con la suspensión del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo en las elecciones.
La persecución ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales que, en sintonía con las denuncias de Arévalo, han llegado a hablar de “golpe de Estado técnico”, así como por un gran sector de la población guatemalteca, descontenta con el “pacto de los corruptos” denunciado por el nuevo presidente.
