Quito. Tras casi 13 horas de audiencia, el Tribunal, conformado por los jueces Liz Barrera, Adrián Rojas y Mónica Heredia, declaró que se vulneró el derecho a la libertad personal de Jorge Glas, por ser una detención “ilegal” y “arbitraria” cuando se lo secuestró de la embajada de México, el viernes 5 de abril.
En ese sentido, ese Tribunal expresó que correspondería ordenar “su inmediata libertad”, pero, al considerar que tiene otras órdenes de prisión, en dos procesos penales, continuará en la cárcel denominada La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Y no mencionó la condición de asilado político de la que ya gozaba Glas al momento de la detención violenta. Es decir, desde el 4 de abril.
Siendo así, el exvicepresidente de Ecuador, tras unificar las dos penas por los casos denominados “Odebrecht” y “Sobornos” (ocho años de cárcel) ha cumplido un total de cinco años 15 días y que el tiempo restante que le toca cumplir es de dos años, 11 meses y 15 días.
Y tal como se han pronunciado las autoridades del gobierno de Daniel Noboa, Glas no tendrá rebajas ni por buena conducta ni otros beneficios a los que tienen todos los detenidos. Los representantes del centro carcelario señalaron que no se le concedió la prelibertad por haber sacado una nota menor de tres sobre 10.
Glas, previamente, dijo que esa nota fue resultado de una persecución porque no querían que salga de la cárcel. De hecho, durante su reclusión hizo dos maestrías y mantuvo un comportamiento ejemplar, según las evaluaciones de los directivos de las dos prisiones en donde estuvo esos cinco años.
Los juristas que abordan el tema consideran que la declaración del Tribunal verifica el delito y da lugar a acciones penales en contra de quienes ordenaron y ejecutaron el asalto a la embajada mexicana. Y como las autoridades del gobierno, de la Policía y las Fuerzas Armadas han reconocido que la orden vino directamente del presidente Noboa, se podría iniciar un juicio con consecuencias de orden penal o, en un largo proceso, en las cortes internacionales.
La otra opción es que una decisión de la Corte Internacional, donde interpuso la acción el gobierno mexicano, disponga retomar el estado anterior al asalto y con ello pida que se le entregue a Glas el salvoconducto para que pueda salir de Ecuador.
Por otro lado, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció, a título personal, al expresidente de la República Rafael Correa por el delito de traición a la patria. En la demanda, incluyó enlaces de YouTube, donde se recogen declaraciones del exmandatario, tras el ingreso violento de la policía de Ecuador a la embajada de México, en Quito.
Según Núñez, Correa generó pánico con sus declaraciones e infundió desaliento. Ante ello, Núñez solicitó que se suspendan las cuentas de X y Facebook de Correa.
El martes 9 de abril, en sus redes sociales Correa señaló que el equipo de comunicación del presidente Daniel Noboa estaba preparando una campaña “intensiva, inclusive pautada”, para acusarlo de traidor a la patria. “Es increíble la audacia y desfachatez de esta gente. A estar preparados”, mencionó.
Para Núñez, “las manifestaciones sobre una guerra, incitando y dando a entender sobre el cierre del Puerto de Guayaquil, fomentando cualquier forma de que México reprima al Ecuador, y demás expresiones del denunciado, deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión, y sancionarse como lo que son, delitos en contra del orden público”.
La respuesta de los abogados de Correa ha sido que en ninguno de los acápites del artículo 353 del Código Penal se señala que por expresiones o comentarios se pueda imputar delitos de esa magnitud.
Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenan enérgicamente los hechos ocurridos en la madrugada de hoy, 5 de abril, en la sede de la misión diplomática de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito por parte de los órganos de seguridad del gobierno de Ecuador.
El ALBA-TCP respalda a México
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó la agresión del régimen de Daniel Noboa contra la embajada mexicana en Quito y expresó su total solidaridad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Estas acciones completamente discrecionales e ilegales constituyen una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, a la Convención sobre Derecho de Asilo y a la soberanía de México, las cuales deben ser rechazadas por los países civilizados del mundo entero”, se subraya en el comunicado.
Además repudian el secuestro al exvicepresidente Jorge Glas, “protegido legalmente en la embajada mexicana mediante el derecho al asilo político, y el maltrato a todo el personal diplomático mexicano, conforman graves violaciones al Derecho Internacional sin precedentes”.
