Ciudad de México. Al presentar sus Índice de Progreso Social (IPS) 2024, directivos e integrantes del colectivo México ¿cómo vamos? (MCV), resaltaron que la dotación de servicios públicos de calidad como salud y educación, entre otros no puede ser relegada o remplazada por los apoyos sociales entregados por el gobierno a través de pensiones universales y programas y becas.
En conferencia de prensa, Sofía Ramírez Aguilar, directora general, indicó que es esencial establecer un modelo de desarrollo incluyente, “que ofrezca servicios de calidad, y no solo transferencias monetarias”.
Asimismo recomendó incentivar la formación de capital humano especializado desde la educación pública, acceso a servicios de salud y seguridad social con independencia del estatus laboral e inversión local en conectividad y sustentabilidad medioambiental.
Junto con Axel González Gómez, coordinador de datos de MCV y Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, lamentaron la próxima extinción de cinco órganos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), pues se prevé que esta semana en el Senado se apruebe la minuta que concreta cambios constitucionales en tal sentido, y que fue remitida por la Cámara de Diputados.
Sostuvieron que en caso del Coneval, sus análisis basados en cifras oficiales permitían tener un panorama más claro sobre los impactos de la política social.
Entre las recomendaciones para promover el progreso social, emitidas por la agrupación, está la urgente creación del sistema nacional de cuidados que permita la incorporación de las mujeres a la vida económica y promover el acceso universal a la salud así como invertir en infraestructura urbana y seguridad pública.
Entre los hallazgos del IPS 2024: Historias contadas con datos 2015-2023 está que “las familias mexicanas subsidian la labor del Estado en los servicios que habilitan el acceso a derechos fundamentales, como la salud y la educación, pues son financiados con los ingresos familiares y no adecuadamente provistos por el gobierno.”
Asimismo, plantearon que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para incrementar el progreso social.
En tal sentido citaron el caso de Tabasco, que fue la entidad con mayor crecimiento del PIB per cápita en 2023 respecto a 2019 (previo a la pandemia, excluyendo del cálculo los ingresos petroleros estatales).
Detallaron que el alza del PIB de esa entidad se explicó en gran medida por la inversión en la refinería de Dos Bocas en el sexenio pasado.
“Sin embargo, el incremento de su puntaje del IPS se encuentra por debajo de entidades como Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa y Guerrero, cuyo avance en PIB per cápita está muy por debajo del avance de Tabasco.
“Es decir, contar con inversión pública, creación de empleo por un proyecto específico y tener crecimiento económico no sustituye la necesidad de contar con políticas que impulsen el progreso social.”
