Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ganó dos juicios de amparo con los cuales se determinó que las niñas y niños con discapacidad auditiva tienen derecho a recibir los beneficios económicos, educativos y psicológicos que otorga el gobierno capitalino.
El organismo integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que la justicia federal otorgó dos amparos con los cuales los menores con discapacidad auditiva “tienen derecho a recibir los apoyos económicos que otorga el Gobierno de la Ciudad de México sin importar que estén inscritos en una escuela privada, pues las leyes y reglamentos que condicionan su entrega a formar parte de una escuela pública son restrictivos y ya han sido declarados inconstitucionales”.
Estas sentencias se relacionan con el caso de una niña que “nació con discapacidad auditiva y que fue discriminada por las autoridades encargadas de la entrega de útiles y uniformes escolares a la población estudiantil en la capital del país”.
En este caso el padre de la niña —que se comunica a través de la Lengua de Señas Mexicana—, informó que junto con otros padres de familia, con hijas e hijos en la misma situación, todos asistentes a una escuela privada que utiliza el modelo bilingüe cultural realizaron los trámites para solicitar los apoyos gubernamentales, pero recibieron una respuesta negativa, debido a que las disposiciones normativas que regulan estos programas sociales los limitan a estudiantes de escuelas públicas.
A partir de ello, con el apoyo del IFDP promovieron un juicio de amparo en contra de tres leyes que rigen la entrega de estos programas sociales, las cuales fueron declaradas inconstitucionales.
Julio Salgado Cano, asesor jurídico federal, quien llevó la defensa de esta familia, “lamentó que en México se tenga que recurrir a medios legales y acudir a instancias jurisdiccionales para que las personas más desprotegidas puedan acceder a sus derechos, a pesar de que, en el caso de personas con discapacidad, la autoridad debiera hacer los ajustes razonables y tomar acciones afirmativas por iniciativa propia”.
Así, se dio a conocer que a pesar de que el primer juicio se ganó y el juez ordenó a la autoridad entregar los apoyos económicos, educativos y psicológicos a la niña, esto no ocurrió de manera automática, por lo que se promovió un segundo recurso para garantizar que la sentencia se cumpla.
De esta manera, se estableció un precedente para que, si otra persona llega a plantear un nuevo juicio por motivos similares, utilicen la sentencia dictada en este caso para fundamentar su demanda.
