Washington. Una jueza federal bloqueó ayer de manera temporal la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de congelar subvenciones y préstamos federales que podrían ascender a billones de dólares y representan un salvavidas financiero para gobiernos locales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro en todo el país.
Funcionarios de la administración Trump afirmaron que la decisión era necesaria para garantizar que el gasto del gobierno cumpla con la reciente oleada de órdenes ejecutivas del magnate, quien desea aumentar la producción de combustibles fósiles, eliminar las protección sobre los derechos transgénero y poner fin a los esfuerzos de diversidad, igualdad e inclusión.
La orden de la jueza de distrito Loren L AliKhan se dio minutos antes del plazo para que el congelamiento de fondos entrara en vigor y se extenderá hasta el lunes.
El memorando de la oficina de presupuesto desató una confusión inmediata y generalizada para las agencias federales, que se esforzaron por determinar qué fondos estaban congelados. Se generó más caos cuando algunos estados descubrieron que no podían acceder a fondos federales para algunos programas como Medicaid, que la Casa Blanca aseguró que no se verían afectados.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que el financiamiento del programa Head Start (programa para prescolar), que brinda atención a niños de bajos ingresos, estaba congelado en Michigan y Maryland, y al menos 20 estados no podían acceder a los sistemas de rembolso de Medicaid.
Un análisis del Washington Post precisó que no se congelaron oficialmente los fondos para instituciones que atienden a minorías (MSI), pequeñas empresas y agricultores, según documentos presupuestarios, y tampoco se interrumpió la financiación de Head Start, aunque algunos centros tuvieron problemas técnicos para acceder a los recursos.
Sin embargo, el diario informó que permanecieron en incertidumbre programas claves como los de desayuno y almuerzo escolares, sobre los cuales el Departamento de Agricultura no brindó actualizaciones. Asimismo, aunque la asistencia para el alquiler figuró como operativa en documentos, beneficiarios enfrentaron mensajes de error al solicitar fondos.
Fiscales generales estatales demócratas presentaron una demanda contra la administración Trump por implementar la congelación antes de la fecha establecida. La acción legal fue interpuesta por 22 estados y el Distrito de Columbia en un tribunal federal de Rhode Island.
El tema dominó la primera conferencia de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que el gobierno buscaba ser un buen administrador
de los fondos públicos, al asegurarse de que no hubiera más financiamiento para transgéneros y el progresismo
.
Leavitt evitó responder sobre los impactos en quienes dependían de la ayuda a través de intermediarios estatales u organizacionales, y negó que Trump desafiara deliberadamente al Congreso para establecer su dominio sobre el presupuesto federal.
Entre otros temas, la vocera afirmó que el magnate tenía el poder de despedir a cualquiera
en su administración, después que se anunció el cese de inspectores generales y de miembros del Departamento de Justicia que lo investigaron.
En tanto, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales para financiar procedimientos de cambio de género a menores.
“Es política de Estados Unidos no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro, y aplicará rigurosamente todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos destructivos y que alteran la vida”, afirmó la Casa Blanca en un comunicado.
Se trata del último intento de Trump de revertir las políticas establecidas por la pasada administración de Joe Biden para proteger a las personas transgénero y su atención.
Además, el magnate despidió a Charlotte Burrows y a Jocelyn Samuels de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés).
La EEOC está compuesta por cinco comisionados y hace cumplir las leyes federales que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo.
Mientras, la Casa Blanca comenzó a ofrecer indemnizaciones equivalentes a siete meses de salario a todos los empleados federales que opten por dejar sus trabajos antes del 6 de febrero.
Un memorando de la Oficina de Administración de Personal (la agencia de recursos humanos del gobierno), enumera cuatro directivas que, según dice, Trump está imponiendo a la fuerza laboral federal, que incluyen que la mayoría de los trabajadores regresen a sus oficinas a tiempo completo.
En tanto, el secretario estadunidense de Estado, Marco Rubio, firmó una exención para permitir que la ayuda exterior estadunidense siga gastándose en asistencia humanitaria para salvar vidas
, mientras otros programas quedan suspendidos en espera de una revisión.
La exención no cubre programas que aborden el aborto, la planificación familiar, conferencias o cualquier cosa relacionada con la diversidad, la equidad y la inclusión o la atención de afirmación de género, informó la agencia de noticias Ap.
Por otro lado, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó durante su primer discurso ante los 260 mil empleados de la agencia que el mundo es un lugar peligroso con gobiernos extranjeros que quieren acabar con nosotros
. La funcionaria no mencionó el papel de la agencia en materia de migración o seguridad fronteriza.
