Ciudad de México. Colectivos de Derechos Humanos dijeron que días antes de la investidura de Donald Trump, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, insistió en que el estado no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana, por lo que posibles deportados no podrían permanecer en él.
Condenaron el operativo “a todas luces violento” que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y Guardia Nacional, así como policías municipales, realizaron la madrugada del pasado 17 de enero donde dispersó a 200 migrantes que pernoctaban en un campamento junto a los patios de carga del ferrocarril, en la avenida Juan Pablo II.
Indicaron que llevar a más de 100 elementos no es proteger a las personas en movilidad, son acciones violentas y de intimidación que pueden terminar en desgracia como el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023.
“A pesar de la presencia de mujeres embarazadas, niñas y niños, autoridades municipales, estatales y federales acudieron al predio ubicado en la calle Industrial I y Juan Pablo II, sin que autoridades civiles mediaran la reubicación de las personas o preguntaran si necesitaban ser reubicadas”.
Las asociaciones no gubernamentales reiteraron que el uso de cuerpos de seguridad y fuerzas militares “es un mensaje claro de la gobernadora, tal como lo han hecho en los últimos años, quien ha señalado que el estado no es responsable de las personas en movilidad, olvidándose del grave problema de desplazamiento forzado en las zonas serranas, que ella ha sido incapaz de atender, así como la existencia de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el estado de Chihuahua, donde los esfuerzos de reformas han sido prácticamente insignificantes”.
Añadieron que la invisibilización del desplazamiento forzado y otras formas de la movilidad humana aunado al discurso de rechazo y criminalización potencian situaciones de graves riesgos. “De nueva cuenta, el proceder del INM está fuera de todo seguimiento a protocolos, sin apego a un marco de derechos y protección, obligando a las personas a tomar acciones desesperadas para salvaguardar su integridad y la de sus familias, huyendo de quienes están obligados a brindarles protección. Una respuesta violenta y violatoria a los derechos humanos. Enfocándonos en el gobierno estatal y municipal, recordamos que ambos tienen la obligación de respetar la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el estado de Chihuahua”.
