Ciudad de México. Frente a la segunda administración de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, urge renovar la política migratoria de México, sostuvo Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El doctor en ciencias políticas detalló que este cambio debe incluir una reforma al Instituto Nacional de Migración (INM), generar mejores capacidades para atender la solicitudes de refugio y tener una mejor gestión de las fronteras norte y sur, por parte de las autoridades mexicanas.

En la Conferencia Universitaria por la defensa de los derechos y dignidad de los migrantes y el interés nacional, añadió que también se debe impulsar una inteligencia y acciones contra las redes de tráfico y trata de personas, de las que son víctima las y los migrantes.

Lorena Rodríguez de León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, destacó que las medidas arancelarias con amaga el republicano amenazan no solo las economías de México y Canadá, sino también la estadunidense, porque puede desatar una “guerra comercial” que encarecerá mercancías también al otro lado de la frontera norte. Aunado a ello, las posibles deportaciones masivas, podrían dejar sin mano de obra suficiente al campo estadunidense y al sector servicios, y con ello se desataría un alza en los precios.

“Con su enfoque proteccionista, antiinmigrante y centrado en la idea de Estados Unidos, primero, desde su campaña presidencial prometió imponer un arancel del 60 por ciento a los productos procedentes de China y un impuesto de al menos 10 por ciento todas las demás importaciones, bajo el argumento de fortalecer la economía nacional estadounidense y regresar los empleos al país.

“Sin embargo en los hechos es una medida que podría desencadenar una guerra comercial global, que relentizaría las economías de todo el mundo con terribles consecuencias. Para muchos analistas éstas amenazas se inscriben en una muy particular, forma de negociar de Trump, quien utiliza esta estrategia para obtener ventaja, y posteriormente presentar los acuerdos como un logro de sus artes negociadoras”.

No obstante, “en los hechos la aplicación de estas medidas de carácter proteccionista tendrían un efecto negativo sobre toda la economía, con un incremento de los precios en todos los productos importados por Estados Unidos, cuyas consecuencias adversas no sólo serían de carácter económico, sino también social y político, pues esto tendría un efecto negativo sobre el nivel de vida de los y las ciudadanas estadounidenses, quienes tendrían que pagar más por los productos que consumen.”

La experta apuntó que “Trump considera que los aranceles son una poderosa arma, que unida a su estilo impredecible presiona a los otros países a hacer concesiones rápidamente en una negociación, es decir, imponer aranceles del 25 por ciento a Canadá y México podría causar un daño significativo a muchas industrias que están organizadas en torno a un mercado regional integrado.”

Por ejemplo, explicó que la industria textil de Estados Unidos exporta 53 por ciento de sus productos a fábricas de México y Canadá, en donde se transforman en productos acabados que, posteriormente regresan a Estados Unidos, “es decir la aplicación arancel del 25 por ciento significaría una ruptura en esta cadena, ya que incrementaría el costo en estas mercancías”.

Chanona Burguete, acotó que en vísperas de inicio del gobierno de Trump, es prioritario fortalecer la asistencia y protección de los mexicanos en Estados Unidos,a través de los 53 consulados en aquel país y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) de la cancillería, ello de la mano de organizaciones de la sociedad civil que juegan un papel sustantivo para las redes de apoyo de los connacionales en Estados Unidos.

Asimismo comentó que se debe de tomar en cuenta que los destinatarios de estas políticas son diversos, desde trabajadores cuyas familias se encuentran en México, y que dependen de la recepción de remesas para su sustento; familias binacionales que van a hacer afectadas por estas acciones y jóvenes que están por perder los beneficios de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), estadísticas indican que el 80 por ciento de los 3.4 millones de Dreamers que acceden a este esquema son de origen mexicano.

Advirtió que además, “es una posibilidad real que el gobierno de Trump emita una serie de órdenes ejecutivas e implemente acciones desde el primer día de su mandato sobre las personas migrantes irregulares, ello incluye las políticas de deportaciones y mayores controles en la frontera.”

Lo anterior, aseveró, “tendrá al menos tres consecuencias inmediatas: afectaciones a las familias mexicanas migrantes residentes en Estados Unidos, generando incertidumbre y causando la separación y fragmentación de comunidades; la integración de estas personas a sus comunidades y las perspectivas sobre su futuro en el país. En el caso de las personas jóvenes tenemos que considerar temas como la educación, el empleo, el idioma y sus vínculos sociales, y tener una clara perspectiva de lo que representa esto.

“Y finalmente habrá mayor presión sobre los estados fronterizos, por la deportación de nacionales como extranjeros habrá que tener medidas emergentes, a lo que hay que agregar las presiones que ya se enfrentan como las llegadas de personas migrantes que vienen desde el sur. Ahí las acciones locales y la paradiplomacia por parte de las entidades federativas adquiere un lugar estratégico”.

Rodríguez de León, insistió en que las políticas antiinmigrantes trumpistas causarán “grandes daños a la economía de los Estados Unidos” y subrayó que las posibles deportaciones masivas pueden traer afectaciones graves al sector agrícola y de servicios. “Políticas parecidas han causado severos daños en el pasado. En el sector agrícola se estima que casi la mitad de las personas trabajadoras no tienen un estatus migratorio legal, por lo que las deportaciones masivas pueden paralizar la industria y causar el aumento de precios en los alimentos. Las deportaciones masivas, además de las claras violaciones a derechos humanos, a largo plazo significan una gran pérdida económica para Estados Unidos”.

Apuntó que de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Migración de Estados Unidos, los hogares de inmigrantes indocumentados contribuyen con 46 mil 800 millones de dólares en impuestos federales y con 23 mil 300 millones en impuestos estatales, “es decir la contribución de las y los migrantes a la economía estadounidense, es muy importante”.

Además, contribuyen a otros programas sociales, de los cuales no pueden beneficiarse, “por ejemplo aportaron 22 mil 600 millones de dólares a la Seguridad Social, y muchas veces los migrantes no tienen acceso a esta Seguridad Social. Por lo que de llevarse a cabo esta política antimigrante dañaría de gran manera a la economía estadounidense y a las familias”.

Añadió que las deportaciones masivas generarán “graves consecuencias humanitarias: la separación de las familias, la violación de derechos y garantías básicas”, pero también “habría un efecto negativo sobre la economía por la pérdida de remesas, para el caso de nuestro país, y el aumento de personas a la economía mexicana”.

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