Quito. La Navidad para las familias de los cuatro niños desaparecidos fue de espera, zozobra y angustia tras conocerse que en Taura, un poblado cercano a Guayaquil, se habrían encontrado varios cadáveres incinerados, que podrían ser de esos chicos, pero para determinar que se trataban de ellos, habría que esperar hasta este viernes o el próximo lunes porque los cuerpos están irreconocibles y sólo un examen de ADN dará pistas de su identidad.
En tanto, para el gobierno de Daniel Noboa la jornada navideña fue de alto impacto negativo, pues la jueza Tanya Loor Zambrano aceptó este 24 de diciembre la demanda de habeas corpus que presentaron las familias de los cuatro niños desaparecidos en el barrio Las Malvinas, de Guayaquil.
Acogiéndose a las evidencias mostradas por las familias, Loor determinó que se trataba de una desaparición forzada de los menores y responsabilizó al Estado ecuatoriano, ordenando medidas cautelares inmediatas para buscar a los niños.
La audiencia solicitada por los familiares, junto con organizaciones de defensa de derechos humanos, se realizó a puerta cerrada con los representantes de la Fiscalía, fuerzas armadas y el ministerio de Defensa que presentaron sus versiones, pero no convencieron a la impartidora de justicia.
Los abogados de la familia denunciaron inconsistencias en esas versiones y la ausencia de registros oficiales que justifiquen la actuación de los 16 militares involucrados.
Entre otras cosas, Loor ordenó que el Estado, por conducto del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y las instituciones de seguridad nacional como las castrenses y unidades especializadas de la policía, bajo la dirección de la Fiscalía, realicen los diligencias pertinentes en todo el territorio nacional. Tras esta decisión judicial, los 16 soldados involucrados en la detención de los menores, de la que hay pruebas en video, están bajo arresto, pero a cargo de agentes de inteligencia del ejército, en la misma base militar de Taura, donde presuntamente fueron traslados los jóvenes, y que se sospecha fueron asesinados.
De esta manera, la reacción de varios sectores fue rechazar la condición jurídica de los acusados, pues eso podría dar paso a que se configure una estrategia de defensa. Normalmente en este tipo de casos se aísla a los señalados, sin derecho a comunicación con el exterior y en prisión preventiva.
Taura es una parroquia rural, a 45 kilómetros del sitio de la detención de los niños, en el sur de Guayaquil. Se trata de una zona agrícola y camaronera donde los miembros de la patrulla militar dijeron haber liberado
en horas de la noche (sobre las 22:40) a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, respectivamente; a Nehemías Arboleda (15) y a Steven Medina (11), tras su captura por un presunto robo en Guayaquil, el día 8 de este mes.
Frente a lo anterior, ninguna de las altas autoridades del gobierno se había pronunciado hasta ayer. El presidente Noboa envió un mensaje navideño en las cuentas oficiales y personales de redes sociales y a cambio recibió una avalancha de críticas. Todas tenían un eje común: Devuelvan con vida a #LosCuatroDeGuayaquil
, etiqueta digital que se convirtió en tendencia.
Además, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una entrevista del pasado lunes por la noche, explicó que Noboa no ha pedido declarar héroes a los cuatro niños, sino que se conforme una comisión para que sugiera esa posibilidad.
La explicación ocurrió después de una virulenta reacción de defensores de derechos humanos y activistas, que calificaron de denigrante esa opción, cuando ni siquiera se sabe si están vivos o muertos.
Mientras ocurría la audiencia, surgió la noticia, al caer la tarde de la Nochebuena, del hallazgo de cadáveres incinerados en las inmediaciones a un riachuelo cercano a la base militar de Taura. En los primeros reportes se dijo que los cuerpos fueron encontrados en un sector de difícil acceso, al cual sólo se podía llegar en bote. Este descubrimiento ocurrió cuando un equipo policial rastreaba el área en busca de los menores.
Esa misma noche, esos cuerpos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, pero los análisis forenses para determinar su identidad y las causas de su muerte hasta anoche no lograban su objetivo porque los restos están en descomposición y, al haber sido incinerados, se dañan partes que suelen dar paso a una rápida identificación, como las huellas dactilares.
Los análisis de ADN, según los activistas de derechos humanos, toman entre 30 y 40 días para confirmar las identidades de cuerpos en condiciones como las de los casos referidos; no obstante, la información que han recibido las familias en el Servicio Forense indica que se podría hacer un análisis antropológico entre el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre, con algún grado de confiabilidad.
