Quito. La policía de Ecuador encontró unos cadáveres -sin confirmación oficial de que se trate de los desaparecidos – en una zona cercana a una base de las Fuerzas Armadas, más de dos semanas después de que cuatro menores fueron detenidos por militares al sur de Guayaquil sin volver a tener información sobre ellos.
Una funcionaria policial no autorizada a ser identificada como condición para poder hablar del caso confirmó a The Associated Press (Ap) que la policía había hallado varios cuerpos en una zona de manglar, cercana a Taura, donde está la sede militar de la zona costera, aunque no informó sobre el número de cuerpos e indicó que estaban investigando si se trata de los menores.
Dos funcionarios fiscales, que pidieron no ser identificados por no estar autorizados a dar declaraciones, indicaron a la Ap que los cadáveres estaban calcinados y con signos de violencia.
Casi en paralelo, el ministro de Defensa ordenó poner bajo custodia a 16 militares por la detención y posterior detención de los menores, en un caso que ha sacudido al gobierno del presidente Daniel Noboa y que la Fiscalía considera que podría tratarse de un caso de desaparición forzada.
“A través de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza– solicita fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación en la #DesapariciónForzada de 4 menores de edad en #Guayaquil”, escribió la fiscalía en un mensaje en X.
Las desapariciones se producen en medio de una ofensiva contra el crimen en Ecuador, en la que el presidente Daniel Noboa designó a unas 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y declaró una serie de estados de emergencia, lo que permite a los miembros de las fuerzas armadas patrullar las calles y ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley.
“Estamos del lado de la justicia, ya sea un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día la gente necesita respuestas”, dijo Noboa durante una entrevista con la radio local el lunes.
En mayo, la Fiscalía General declaró que estaba investigando ocho ejecuciones extrajudiciales presuntamente llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en medio de los esfuerzos del gobierno por desmantelar las bandas criminales.
