Buenos Aires. Más de un centenar de organismos que integran la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia advirtieron que este año se registró en Argentina el mayor número de hechos represivos desde la reinstauración de la democracia en 1983.
“Atravesamos hoy, por lejos, la situación represiva de mayor voltaje e intensidad desde 1983”, advierte el informe tras resaltar “un año de lucha contra la destrucción planificada de los derechos humanos y la democracia”.
En las conclusiones, el estudio sostiene que durante los operativos desplegados por las Fuerzas de Seguridad fueron lastimadas a lo largo de este año mil 146 personas, de modo que se contabilizaron tres heridos por día.
“Toda la política de transferencia de ingresos de los que menos tienen a los sectores más concentrados de la economía, entre ellos capitales extranjeros, ha sido sostenida con una política represiva que ha ido desde la represión directa en las calles”, indicó a la Agencia Sputnik el secretario general de rama autónoma de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-A), Hugo “Cachorro” Godoy.
El titular de esta central obrera advirtió que se multiplicaron los heridos a lo largo y ancho del país y que en este escenario se contó “con una estrategia concertada de la justicia para procesar a distintos actores sociales, políticos y sindicales” opositores al gobierno del presidente Javier Milei.
De los 41 despliegues represivos detectados en el último año, 21 tuvieron lugar en la capital argentina y otras cinco en la provincia de Buenos Aires (este).
El informe también constató “un total de 430 muertes” por violencia institucional, entre las que sobresalen 302 son muertes bajo custodia, en cárceles, comisarías o alcaidías, y 108 fallecimientos por fusilamientos de gatillo fácil, de acuerdo a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Además se contabilizaron 14 muertes intrafuerza o intrafamiliares, de las cuales cuatro fueron feminicidios, otro un feminicidio vinculado, y seis correspondieron a otras modalidades (uso del patrullero como arma o asfixia en el momento de la detención).
El informe, en el que trabajaron organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos y la Asociación Abogados y Abogadas Laboralistas, refirió también 171 causas penales contra manifestantes o referentes.
“Se han creado multiplicidad de causas promovidas a través de la capacidad del gobierno de gobernar por decreto”, señaló Godoy.
El referente de la rama autónoma de la CTA recordó que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de Milei vigente desde el 29 de diciembre declaró la emergencia en diversas áreas.
Mientras tanto, “la Cámara de Diputados no se aviene a tratarlo para su rechazo y quitarle esa suma de poder público en la que se ha constituido el gobierno de Milei”, cuestionó Godoy.
Detenciones y allanamientos
En el primer año del Gobierno de Milei, 161 personas fueron detenidas, lo que arroja un promedio de un arresto cada dos días, de acuerdo al informe de la Red Federal por la Defensa de los DH.
El estudio, que aborda las medidas ejecutadas en materia económica, represiva, laboral, social y de género, refleja que al menos 77 organizaciones sociales fueron allanadas con violencia.
Con estas herramientas, el Ejecutivo “ha arbitrado desde protocolos represivos anticonstitucionales hasta iniciativas de habilitación de causas contra luchadores populares, articulado en una estrategia de instaurar el miedo y la militarización de las calles”, distinguió el secretario general de la CTA-A.
La semana pasada, la actual gestión publicó un decreto que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, como operaciones de antiterrorismo o narcotráfico, recordó Godoy.
“Son decretos múltiples los que intentan instaurar el miedo, desmovilizar, procesar a luchadores y dirigentes populares, y frente a esta situación, desde la Cta Autónoma vamos a seguir combatiendo estas estrategias para que el pueblo recupere y consolide su capacidad de movilización”, aseguró el secretario general de la CTA-Autónoma.
En los últimos doce meses, la Red realizó presentaciones ante el Congreso y ante la Corte Suprema, así como ante organismos internacionales como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos u ante otros relatores especiales de la ONU.
En sus pronunciamientos, las organizaciones que integran este organismo denunciaron la afectación de los derechos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que a su juicio conllevaron el quiebre de la institucionalidad y del Estado de Derecho en Argentina.
