Ciudad de México. Dos días después de que se registrara un motín en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), que dejó siete muertos y 10 heridos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades del gobierno estatal a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas internas.
En un pronunciamiento, lamentó los hechos ocurridos, de los cuales expuso ha dado puntual seguimiento.
Refirió que en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2023, elaborado desde la Tercera Visitaduría General de la CNDH, al Creset se le asignó una calificación reprobatoria, de 4.40 puntos y se le alertó sobre diversos temas como el hacinamiento, la sobrepoblación, la prevención y atención de incidentes violentos, el autogobierno/cogobierno, la falta de normatividad, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia; así como la presencia de actividades ilícitas.
Para el año 2024, señaló que el Creset nuevamente obtuvo una calificación reprobatoria, esta vez de 4.66, que si bien representó un incremento de 0.26 décimas respecto del año anterior, se repitieron los temas que demandaban una atención preferente.
La CNDH indicó que el 9 y 10 de diciembre pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura efectuó una visita a las instalaciones del centro de Tabasco, y ante los hallazgos preliminares “se determinó la urgente necesidad de construir una ruta para su atención, orientada a salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, generándose el compromiso de mantener reuniones de trabajo con autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario en Tabasco”.
Expresó su preocupación porque no se esté actuando con la debida diligencia en el cumplimiento de las peticiones realizadas a través de sus pronunciamientos y diagnósticos, en tanto que, de acuerdo con las respuestas brindadas a esta Comisión Nacional, dicho Sistema Penitenciario Estatal habría advertido la detección de áreas de oportunidad, como sobrepoblación, hacinamiento y falta de personal de seguridad y custodia en algunos de sus centros.
Pidió que se detecten prontamente los factores y circunstancias que propiciaron los hechos de la madrugada del jueves y se adopten aquellas medidas diligentes y estrategias de seguridad pertinentes, de manera que se garantice la no repetición no solo en dicho centro, sino en cualquier otro de ese estado cuando se adopten medidas de revisión y/o traslados de personas.
Además, esta Comisión Nacional solicitó que se generen los mecanismos de comunicación oportunos, para brindar, en un contexto pacífico a las y los familiares de las personas privadas de la libertad, información oficial que les permita conocer la situación actual que prevalece al interior de ese establecimiento; así como, sobre el estado de salud de las personas privadas de la libertad y de aquellas que resultaron lesionadas.
Aprovechó para pedir a todos los sistemas penitenciarios del país que “a partir de estos hechos reflexionen sobre sus obligaciones de generar todas aquellas estrategias y programas destinados para el reforzamiento debido de las condiciones de seguridad de sus centros penitenciarios”
