Ciudad de México. Pese a que cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta a los sistemas penitenciarios de los estados sobre las condiciones en las que se encuentran la mayoría de sus centros de reinserción social, con falta de personal de custodia, deficiencia de material e higiene, inadecuada organización, sobrepoblación y hacinamiento, éstas persisten y en algunos casos se han agudizado.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, para el cual visitó 145 cárceles estatales, expuso que contrario a presentar una mejora en centros de Baja California, estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Tabasco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Yucatán, Tlaxcala y Campeche acreditaron una tendencia a la baja en sus evaluaciones, comparado con el informe del 2022.
En la presentación del documento, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, manifestó que es preocupante dicha situación, “dada las condiciones no sólo estructurales, sino en la desatención constatada a personas internas que pertenecen en mayor situación de vulnerabilidad, pese a que ya habían sido advertidas” las autoridades en el diagnóstico de hace dos años.
Por ello, llamó a que en medio de la etapa de transición por el cambio de gobierno federal y el de algunos estados, los procesos de cierre o cambios de gestión “no impliquen un retroceso, desconocimiento o retraso en la debida continuidad en la atención, las acciones y programas a favor de las personas privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas”.
Según el informe, que fue hoy presentado por Luciana Montaño Pomposo, directora general y encargada de despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, de los 145 centros visitados durante 2024, en el 49.7 por ciento hay hacinamiento; en el 55.2 por ciento, sobrepoblación; en 77.2 por ciento insuficiencia de personal de seguridad y custodia; y en 94.5 por ciento inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, en 88.3 por ciento se registraron deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones; en 73.1 deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; en 68.3 insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; y en 67.6 por ciento falta o inexistencia de actividades deportivas.
También, en 66.2 por ciento se detectaron deficiencias en los servicios de salud, y en 8.9 por ciento se observó que las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad, lo que se conoce como condiciones de autogobierno o cogobierno.
Los Centros de Reinserción Social (Ceresos) con calificaciones más bajas, de entre cuatro y cinco puntos, son de Baja California, Puebla, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Coahuila, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas. En tanto que el mejor evaluado fue el de Querétaro con 9.10 puntos.
Respecto al sistema penitenciario federal, los 14 Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) tuvieron calificación de entre 8.07 y 8.95. En el 78.6 por ciento del total se encontró que presentan insuficiencia de personal de seguridad y custodia y en el 42.9 por ciento deficiencia en la atención de personas adultas mayores.
