Ciudad de México. Al rendir este lunes su primer informe anual de labores, la ministra Lenia Batres Guadarrama reconoció que está haciendo “activismo” con la reforma judicial, como le han criticado, pero afirmó que ha sido para exhibir “el diagnóstico de extralimitaciones” en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y justificar la necesidad de cambios profundos, no para burlarse ni defender privilegios, en crítica indirecta a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek.
“Quienes me han acusado de hacer activismo con la reforma judicial, les respondo: Sí, he difundido donde he podido el diagnóstico de extralimitaciones que ha sobrepasado a este Poder Judicial de la Federación, así como el contenido de la reforma deseable del Poder Judicial. Sin embargo, he transmitido esta información en comunidades mexicanas, no en Harvard ni en Washington, no para burlarme ni para buscar evitar el control de los excesos de este Poder Judicial buscando el respaldo de instancias internacionales.
“Únicamente, me he dedicado y me seguiré dedicando a difundir por qué era indispensable, urgente, una reforma al Poder Judicial y en qué consisten los cambios a los que debe dirigirse la reforma judicial en curso”, dijo desde el Museo de la Ciudad de México.
En el acto, Lenia estuvo acompañada de su familia, entre ellos Martí Batres, actual director del ISSSTE; de militantes y legisladores de Morena, como Malú Mícher; jueces y magistrados que apoyan la reforma judicial; y de representantes del gobierno federal, entre ellos Jesús Ramírez, exvocero de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Destacó que sus actos en la Corte no responden a “ideología personal” ni son personales ni privados, pues buscan responder a los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, justicia social, beneficio y constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
“El interés público y social, la soberanía, la rectoría del Estado y la propiedad de la nación no son ideología personal, sino mandatos que establecen los artículos 25, 26, 27, 28 y 39, entre otros, de nuestra Constitución”, dijo.
También lanzó la advertencia sobre que la reforma judicial buscará ser aprovechada por “oportunistas” y grupos de poder.
“En este amanecer de la reforma judicial tenemos un reto muy grande. Los detractores seguirán implorando su fracaso, los oportunistas la aprovecharán para intentar restablecer los privilegios que la reforma suprime. Los oligarcas buscarán rehacer las redes de influyentismo que interrumpirá la elección”, señaló.
Labores
Como parte de las actividades en su primer año en la Corte, Batres resumió que le tocó analizar y votar mil 839 asuntos en Pleno y en Sala.
Expuso que de enero a noviembre de este año le han sido asignados 530 asuntos, de los cuales 78% han sido resueltos, es decir, 412: votados a favor 357; en contra, 29; y devueltos a tribunales colegiados, 26.
Destacó que entre las sentencias más significativas que ha impulsado bajo su ponencia destacan el reconocimiento del derecho de concubinas y concubinos a recibir pensión de viudez en caso de coexistencia, no obstante que las leyes del IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM lo rechazan expresamente.
También el rechazo de la pretensión de un exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que se había concedido una suspensión para restituirle en el cargo sin la designación del Presidente y la ratificación del Senado de la República, como indica el procedimiento constitucional, además de la negativa de su solicitud de otorgamiento de salarios caídos de los cuatro años en los que no ocupó el cargo.
“El reconocimiento de que la autonomía de gestión de un organismo descentralizado —como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación— no implica que las personas servidoras públicas de la administración centralizada no puedan formar parte de sus consejos, comités y secretariados técnicos, como pretendía la organización privada Aprender Primero, A. C., presidida por Claudio X. González, para excluir a la Secretaría de Educación Pública del órgano de gobierno de este organismo público descentralizado”, agregó.
Sin embargo, dijo que entre los asuntos que no pudo impedir que se voten a favor del interés público o del interés social está, por ejemplo, que la Corte determinó asumir como responsabilidad patrimonial del Estado, deudas de Banca FAMSA con personas particulares, no obstante que éstas derivaron de una relación contractual y correspondía pagarlas a un seguro diseñado para tal efecto.
“El daño que el reclamante sufrió proviene de un contrato mercantil que por su naturaleza no es susceptible de indemnización por parte del Estado”, indicó.
“La Suprema Corte también negó el amparo a vecinos del Lago de Chapala que combatían la invasión que una empresa constructora había realizado sobre una franja desecada del lago. La mayoría de ministros y ministras consideró que los vecinos no acreditaron mediante la presentación, por ejemplo, de estudios topográficos, que la construcción se ubicaba sobre la zona federal. Ni siquiera se quiso analizar si correspondía a la empresa constructora acreditar la propiedad y la tramitación de manifestación de impacto ambiental o el deslinde de una posible invasión del ecosistema con sus construcciones”, resaltó.
