Ciudad de México. Las posibilidades de defensa que tienen las victimas de desaparición y feminicidio se reducen por diversas barreras, entre ellas la reforma de “‘supremacía constitucional’ pues no queda claro hasta donde llegará su afectación”, ante la imposibilidad de presentar amparos por parte de las víctimas, advirtieron activistas e investigadoras en un conversatorio en la materia.
En el marco del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer (25N), en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México (Colmex), se llevó a cabo el Conversatorio Madres luchando por la verdad y la justicia, en el cual señalaron que se deben identificar las condiciones estructurales y culturales de dónde se reproduce la violencia de género.
Para Leticia Bonifaz, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la reforma de “supremacía constitucional” que se aprobó recientemente en el Congreso, para no obstaculizar la reforma judicial, implicó poner “una barrera a diferentes casos, entre ellos los de violencia de género”, pues las víctimas ya no podrán recurrír a los amparos.
Además, aclaró que aunque no se quitó de la Constitución lo referente a los tratados internacionales, “se quedaron con la interpretación de que éstos son subordinados a la Carta Magna, con ello, desde ahora impiden lo que la Corte mexicana ha hecho desde 2010, en donde se basaba en el bloque constitucional, tratados y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Asimismo, Karla Quintana, ex comisionada Nacional de Búsqueda en el sexenio anterior, aseveró que “todas (las mujeres) tenemos historias de violencia de género pero en diferentes niveles. Tambien, tenemos recuerdos de la violencia hacia nuestras abuelas”, por lo cual, precisó que estas situaciones no son nuevas pero hasta hace poco el Estado empezó a hacer acciones al respecto.
Explicó que en México fue en 2005, cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí podía haber violación sexual por parte del cónyuge, con lo cual inició el camino de reconocimiento de violencias de género.
Advirtió que a pesar de las leyes y protocolos, en el país existe una impunidad de 91 por ciento en feminicidio y entre 96 y 99 por ciento en caso de desaparición, por lo cual “nos siguen matando y desapareciendo porque pueden”. Además, hasta este lunes había 27 mil 65 mujeres reportadas como desaparecidas, según números oficiales, pero no descartó que pueda haber más.
Destacó que son las madres de las víctimas y las propias sobrevivientes quienes se vuelven actoras políticas para impulsar las acciones que el Estado debería realizar para saber qué pasó en caso de tal desaparecido o de tal feminicidio.
Además, recalcó la importancia de pensar en comunidad, “algo degradado en la sociedad”, pues sólo a través de la unidad se están logrando avances. Desde “la trinchera” que cada persona puede dar, entre familiares, víctimas, activistas, especialistas e investigadores, se logrará llegar a más personas.
En tanto, Irinea Buendía, activista, madre de Mariana Lima asesinada por su esposo en 2010 en el estado de México, relató el trayecto durante casi 25 años en busca de justicia y aseveró que “el silencio no puede seguir siendo cómplice de los feminicidas”.
Resaltó que en su lucha logró la sentencia Mariana Lima Buendía en 2015, cuando la SCJN resolvió el amparo, con el cual se investigó con perspectiva de género la muerte y hace un año se reabrió el caso en donde se condenó con 70 años de prisión a su agresor.
Bonifaz y Quintana destacaron esta sentencia, pues se obtuvo “con la solidez argumentativa con referencia a sentencias de la Corte Interamericana, del contexto internacional, por lo cual pudo abrirse el caso”.
