Ciudad de México. La Suprema Corte recibió la controversia constitucional que decidió interponer la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Consejo General para revertir las facultades absolutas que el Poder Legislativo le dio a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Seis de los once consejeros consideraron que esos cambios al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) es una invasión a la autonomía de la autoridad electoral y que va en contra de la Constitución
La controversia entregada solicita a la Corte que considere el interés legítimo de los consejeros, pues los cambios legislativos representan una afectación a la esfera de sus atribuciones, porque las nuevas facultades le permiten a Taddei ejecutar la asignación de titulares de Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas sin considerar al Consejo General.
La Secretaría Ejecutiva fue la encargada de entregar el documento de 131 hojas, dónde las consejerías exponen que los cambios que aprobó por mayoría el Poder Legislativo mediante una ley secundaria referente a una reforma judicial y no electoral, es una invasión a la autonomía y colegialidad del INE.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41 que el INE es un organismo autónomo, encargado de organizar las elecciones y garantizar la democracia en el país. Esta autonomía implica que su funcionamiento no debe estar sujeto a influencias externas, particularmente del Poder Legislativo o Ejecutivo”, versa la controversia.
También manifiestan que si el poder de designación de direcciones reside en una sola persona “se corre el riesgo de que se imponga una visión o criterio que no refleje la pluralidad que se requiere”, lo que afecta la colegialidad que distingue al INE como órgano colegiado desde su creación.
“Los efectos de esta concentración de poder no son solamente normativos, sino que tienen consecuencias prácticas que pueden afectar la confianza pública en el sistema electoral. Un organismo percibido como dependiente de una figura central puede enfrentar cuestionamientos sobre su imparcialidad y legitimidad”, exponen.
Además, piden que la Suprema Corte conceda la suspensión de estas normas, que implican una invasión a la esfera de competencias del INE, para “evitar mayores violaciones constitucionales en detrimento de la esfera competencial de este Instituto”.
Por tratarse de un órgano autónomos, las consejerías inconformes reprochan que representa un freno a cualquier poder que con sus actos puedan desconfigurar o desarticular la organización o funcionamiento, por lo que piden que se evite la intención de la intervención del Poder Legislativo.
