Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la tómbola, convocatoria, plazos y comités de evaluación para el proceso de elección de personas juzgadoras, programada para el 1 de junio del año próximo.
La mayoría integrada por los magistrados Mónica Soto (presidenta), Felipe de la Mata y Felipe Fuentes se impuso a los proyectos y criterios de Reyes Rodríguez y Janine Otálora.
En sesión pública, realizada por videoconferencia, esta Sala Superior subrayó que no puede suspender la estructura de esta elección y, frente al presunto incumplimiento del principio de paridad, indicó que este deberá ser aplicable en todos los cargos que tomen posesión del puesto, a partir del 1 de septiembre de 2025.
De la convocatoria señaló que es acorde a lo establecido por la Constitución y respeta el principio de paridad de género.
El TEPJF solo pedirá al Senado que informe respecto a las personas juzgadoras que no tienen adscripción definitiva u ocupen una plaza interina.
También en votación dividida, esta Sala Superior determinó que no hay restricción indebida en el plazo para que los juzgadores tomen la decisión de contender en la elección o declinar, y que la inclusión de los nombres de quienes sí participarán atiende al principio de máxima publicidad y transparencia.
Igualmente confirmó las convocatorias emitidas por los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión para participar en la evaluación y selección de postulaciones.
Una parte de los 138 asuntos generales y 337 juicios de la ciudadanía, agrupados en 275 medios de impugnación, fueron interpuestos por jueces y magistrados en activo, cuyos argumentos fueron rechazados por la mayoría en referencia.
La división entre los magistrados del TEPJF fue más evidente cuando Rodríguez acusó irregularidades en el sistema de turnos de los expedientes y advirtió que esto “afecta la percepción de imparcialidad del Tribunal, al sugerir que las decisiones sobre cambios de vía dependen de qué ponencia los propone y no de sus méritos jurídicos”.
Luego propuso declarar ilegal la convocatoria y repetir la tómbola, porque en su criterio el Senado no siguió el procedimiento establecido en el decreto de la reforma judicial, y tampoco tomó en cuenta la especialización por materia, las vacantes, ni el análisis por cada uno de los 32 circuitos judiciales.
Opinó que el proceso de insaculación no debieron incluirse las plazas de magistratura de circuito y juzgados de distrito cuyas titulares sean mujeres.
Argumentó que en la integración actual 80.2 por ciento de los cargos de magistraturas son ocupados por hombres, mientras que en los juzgados, solo 36.8 por ciento son encabezadas por mujeres.
“De las 184 magistradas mujeres que actualmente ocupan el cargo, 74 fueron insaculadas, dejando la brecha de género prácticamente intacta. Lo mismo ocurre con las juezas, de las 266 mujeres en ese cargo, 101 resultaron insaculadas. Ello refleja la necesidad de implementar acciones afirmativas claras y efectivas, que realmente reduzcan las paridades existentes”.
