Guatemala. La Fiscalía General de Guatemala acusó este lunes al presidente Bernardo Arévalo de vulnerar su autonomía al pedir a la policía no ejecutar órdenes de esa institución, en un nuevo choque entre el mandatario y la fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.
Las declaraciones del gobernante “constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución y la legislación guatemalteca otorga al Ministerio Público (MP, Fiscalía) y al Organismo Judicial”, indicó el ente en un comunicado.
La noche del domingo, el presidente aseguró que no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes “ilegales” de un MP “criminalizador y arbitrario”, pero no precisó el procedimiento por el cual sería evaluada la legalidad de las resoluciones de la Fiscalía.
Arévalo anunció esa medida luego del allanamiento del domicilio de un ex ministro de su gobierno y dos días después de que, a pedido de la Fiscalía, una corte ordenara la vuelta a prisión del periodista José Rubén Zamora, tras un mes en arresto domiciliario.
Aunque también dijo que este lunes citaría a la fiscal para que explicara su papel en la “instrumentalización” de la justicia, hasta el momento no lo ha hecho. A inicios de año la citó, pero ella no acudió a la reunión.
“Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados” sobre cómo llevar a cabo “la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción”, agregó el comunicado del MP.
Agregó que la Fiscalía puede “exigir” a cualquier funcionario o empleado público, incluida la policía, a realizar “cualquier diligencia”.
Porras, sancionada por Washington por considerarla “corrupta” y “antidemocrática”, ha abierto causas contra periodistas y decenas de funcionarios de justicia que investigaron sonados casos de corrupción, lo que llevó a varios de ellos a exiliarse.
En sus 11 meses de gobierno, Arévalo no ha logrado remover de su puesto a Porras, quien lideró una ofensiva en 2023 para evitar que el socialdemócrata asumiera el poder.
Zamora pasó más de 800 días preso por una acusación de la Fiscalía de supuesto lavado de dinero, que él considera una represalia por publicar casos de corrupción en el anterior gobierno del expresidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), de quien Porras es cercana.
La defensa del periodista de 68 años presentó el viernes un recurso de amparo por lo que aún no ha sido regresado a prisión.
