Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se congratuló con la primera demanda de acción colectiva presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de las empresas Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana, las cuales durante 10 años manipularon los precios de medicamentos y limitaron el abasto a farmacias en perjuicio de la población.
Señaló que con ese contubernio, las empresas actuaron para elevar precios y permanecer en el mercado con contratos millonarios en el sector salud.
El Seguro Social recordó que el 10 de marzo de 2016 presentó una denuncia ante la Cofece por prácticas similares con el objeto de que el organismo ejerciera sus facultades de resguardar el proceso de competencia económica y determinar la comisión de posibles prácticas monopólicas en perjuicio de la institución.
Indicó que desde junio de 2023, ha tenido una “relación directa y consistente de colaboración con la Cofece” con reuniones con la comisionada presidenta, Andrea Marván Saltiel y diferentes equipos de trabajo.
Así se definieron cuatro líneas estratégicas: Intercambio de información de investigaciones de mercado con el fin de identificar posibles indicios de violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), brindar acompañamiento en el diseño de procedimientos de contratación, explorar mecanismos a incluir en los procedimientos de contratación para asegurar el compromiso de los participantes a no incurrir en violaciones a la LFCE, así como explorar mecanismos para la identificación de agentes económicos sancionados por la Cofece.
En materia de Servicios Médicos Integrales (SMI), el IMSS proporcionó información de investigaciones de mercado y procedimientos de contratación; denunció actos anticompetitivos y de posible colusión de proveedores de los SMI de Tamiz Metabólico Neonatal, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, con el objetivo de fortalecer la información de análisis de la Cofece.
El instituto resaltó su postura de no ceder ante campañas de quienes han visto afectados sus intereses por incurrir en actos que lesionan el patrimonio del Seguro Social. También reiteró su compromiso con la transparencia y política de cero tolerancia ante prácticas que pongan en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos y lesionen la salud de la población.
