La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Barcena, aseguró este martes, durante la sesión plenaria de alto nivel de la COP16, que México está comprometido en la aplicación de medidas urgentes para proteger 153 millones de hectáreas terrestres y marinas para 2030, lo que equivale 30 por ciento del territorio nacional, con la finalidad de cumplir la meta 30×30 del acuerdo de Kunming-Montreal.
Bárcena indicó desde Cali, Colombia, que “en México, estamos en un proceso de profunda revolución de las conciencias, poniendo en marcha una política ecológica y ambiental humanista”. Aclaró que se busca implementar “un modelo de desarrollo extractivista y generador de desigualdades por uno donde el pueblo asuma la rectoría de los recursos naturales, y que promueva la prosperidad compartida junto con la justicia ambiental”.
Por eso indicó que se trata de proteger 30.8 millones de hectáreas terrestres y 19.6 millones de hectáreas marinas y costeras adicionales, con la finalidad de alcanzar un total de 153 millones de hectáreas, 30 por ciento de nuestro territorio para 2030. Destacó que esta medida se complementará con el plan Otras Medidas Efectivas de Conservación para atender las Áreas Naturales Protegidas del país.
Resaltó que se hará el Programa Nacional de Restauración ambiental, que contempla el combate a la deforestación, la recuperación de manglares, de mares y costas y, desde luego, de ecosistemas crítico, como el saneamiento de tres de las mayores cuencas de México: Lerma-Santiago, Tula y el río Atoyac.
Previo a su presentación, Bárcena calificó como “un desafío muy grande” la aplicación de justicia ambiental con el Acuerdo de Escazú, especialmente en México, al no contar con mecanismos de prevención ante con sectores, incluso transnacionales, que se oponen a la aplicación de este pacto, al cuidado de los líderes ambientales y la participación de la delincuencia organizada en el manejo ilegal de los recursos naturales.
Al participar en la ponencia Rutas para la Implementación del Acuerdo de Escazú, apuntó que este acuerdo “nos tiene que dar esa plataforma para poder realmente ofrecer esas garantías que son necesarias”, sobre todo cuando en México y en Chile existen zonas con grave contaminación y degradación ambiental.
